Las organizaciones detrás de la investigación Ejército Espía condenamos las descalificaciones y afirmaciones falsas sobre el espionaje militar contenidas en el comunicado “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional”, emitido por la Presidencia de la República el jueves 23 de marzo.

En primera instancia, recordamos a la opinión pública que hemos presentado evidencia contundente de que:

1. El Centro Militar de Inteligencia es una agencia militar secreta dedicada a utilizar sistemas tecnológicos para obtener información de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas.
   
2. El Centro Militar de Inteligencia es el usuario final del “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” adquirido a la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa designada como distribuidora exclusiva de Pegasus por parte de la empresa israelí NSO Group.
   
3. Durante el gobierno de Peña Nieto, la SEDENA también adquirió un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” a la empresa Proyectos y Diseños VME, empresa que participó en las contrataciones de Pegasus por parte de la PGR y el CISEN, y cuyo comisario —Marco Antonio Suárez Cedillo— se ostentó como representante legal de Comercializadora Antsua.
   
4. El Centro Militar de Inteligencia interceptó las comunicaciones privadas del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con diversos periodistas entre el 16 de agosto y 26 de agosto de 2020, en las mismas fechas que un análisis forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto determinó que el teléfono de Raymundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus.

Ante la desinformación promovida por el boletín de prensa de la Presidencia de la República, las organizaciones respondemos puntualmente lo siguiente:

1. Es falso que la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional faculten a la SEDENA —en específico, al Centro Militar de Inteligencia— a llevar a cabo la recolección de inteligencia de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas de civiles.
   
   La SEDENA no ha obtenido ninguna autorización judicial federal para intervenir comunicaciones privadas, como demuestran las información que la propia Secretaría ha aportado a la Plataforma Nacional de Transparencia, como sus respuestas a solicitudes de acceso a la información.
   
   De la misma forma, dentro de la carpeta de investigación abierta en la FGR con motivo del espionaje ilegal contra Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político, el Consejo de la Judicatura Federal ha informado que no existen registros de autorizaciones judiciales relacionadas a técnicas de investigación en las que ninguna de las personas atacadas con Pegasus sean parte
   
2. Es falso que las intervenciones de comunicaciones privadas realizadas por la SEDENA “de ninguna manera están dirigidas a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos”. Los casos de espionaje contra Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
   
   Así mismo, documentos internos de la SEDENA filtrados por Guacamaya también han evidenciado que diversas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, entre otras, han sido objetivos de la inteligencia militar.
   
3. Ante la afirmación de que en las intervenciones de comunicaciones privadas hechas por la SEDENA “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia”, la evidencia demuestra que el Centro Militar de Inteligencia interceptó las comunicaciones de Raymundo Ramos entre el 16 de agosto de 2020 y el 26 de agosto de 2020 con periodistas de los medios Televisa, El País y El Universal, no con “organizaciones delictivas”.
   
   Los documentos internos de la SEDENA muestran que las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos fueron utilizadas para influenciar investigaciones relacionadas a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 3 de julio de 2020, por lo que no guardan ninguna relación con “la procuración de justicia”.
   
4. Al ser cuestionado sobre el ocultamiento de los contratos entre la SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V, el Presidente señaló en su conferencia de prensa del día 5 de octubre de 2022: “que se dé a conocer, no debe haber absolutamente nada oculto, nada malo, pero que se entregue. Que se entregue todo”.
   
   Lamentamos que el Presidente haya incumplido su compromiso con la transparencia y ahora indique en el comunicado que la información sobre los contratos —cuya existencia mintió y negó la SEDENA en primera instancia— deban ser considerados como reservados.
   
5. Ante el grave señalamiento de que “cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, recalcamos que la autenticidad de todos los documentos utilizados por la investigación Ejército Espía provenientes de los correos electrónicos internos de la SEDENA obtenidos por el colectivo Guacamaya se encuentra validada. Cualquier medio de comunicación u organización con acceso a dichos correos puede corroborar que los mismos no fueron alterados.
   
   Además, la información contenida en los documentos internos filtrados ha sido comprobada por fuentes secundarias. Por ejemplo, en el oficio SGE-3335 dirigido al Secretario de Defensa, se menciona el número, fecha de celebración y objeto del contrato entre la SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V.. Dicha información se encuentra validada por documentos oficiales que la SEDENA envió a la Auditoría Superior de la Federación y que fueron obtenidos vía solicitudes de acceso a la información.
   
   De igual manera, la tarjeta informativa generada por el Centro Militar de Inteligencia, en la que se da cuenta de las comunicaciones de Raymundo Ramos con periodistas, fue validada por los interlocutores. Así mismo, las fechas de las conversaciones reflejadas en la tarjeta coinciden con los días en las que el teléfono de Raymundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus, según el dictamen forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
   
6. Por último, resulta lamentable que la Presidencia intente justificar el espionaje militar en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo el argumento de que “no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.
   
   La intervención ilegal de comunicaciones privadas constituye un delito que puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión, y no resulta necesario que las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas ilegalmente “sean detenidas” para que se configure dicho delito.

Imagen (CC BY) Gibrán Aquino