La Cámara de Diputados aprobó este martes 14 de marzo la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, que otorga a la Secretaría de Gobernación federal la administración del Registro Civil, así como la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), que implica una base centralizada de datos biométricos.
Con esta ley, la Secretaría de Gobernación quedaría a cargo del sistema donde se registran las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o divorcio, así como las anotaciones de rectificación de género. Para inscribir estos registros, se utilizaría un formato único en el que la ciudadanía deberá otorgar sus datos personales (nombre, lugar de nacimiento, domicilio, entre otros), incluyendo datos biométricos de manera obligatoria.
Esta información sería almacenada en el Sistema Nacional de Registro e Identidad, una base de datos centralizada que estaría vinculada con otra, aún inexistente pero referida en la Ley General de Población. Esta base de datos sería, presumiblemente, la que está contemplada en el proyecto de la Cédula Única de Identidad Digital, cuyo dictamen se encuentra en el Senado desde 2021.
La eventual creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad hereda los problemas de otros intentos por crear bases de datos biométricas centralizadas, como el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ─declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022─ o la misma propuesta de la Cédula Única de Identidad Digital.
Las bases de datos biométricos centralizadas, con la que pretende el SID, representan un alto riesgo de vulnerabilidad frente a atacantes informáticos, ya que su diseño implica un punto único de ataque. Además, debido a la naturaleza de los datos biométricos ─imposibles de modificar o restituir─, una vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas.
Preocupa, además, que los datos contenidos en el Sistema Nacional de Registro e Identidad pueden ser transferidos, sin ningún control, a cualquier dependencia ─pública, privada y financiera─ que la Secretaría de Gobernación considere. Esto eleva el riesgo de malversación de los datos personales biométricos e incrementa las posibilidades de que terminen en manos equivocadas.
Así mismo, contrario a lo formulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de inconstitucionalidad del PANAUT, la inscripción de datos biométricos en el SID es obligatoria para todas las personas que realicen actos ante el Registro Civil. Esto implica que no existe un consentimiento libre por parte de la ciudadanía, lo que contraviene la decisión de la Corte.
Por último, no se debe soslayar el riesgo que implica la creación de estas bases de datos en el incremento de las capacidades de vigilancia del Estado. Este tipo de registros pueden ser abusados para el monitoreo de personas y son especialmente riesgosas ante la evidencia contundente del uso de otras herramientas de vigilancia gubernamental en contra de la sociedad civil.
La creación de este Sistema Nacional de Registro e Identidad también parece tratar de allanar el camino para la implementación de la base de datos biométrica de la Cédula Única de Identidad Digital, lo que otorgaría un poder sin precedentes a la Secretaría de Gobernación sobre la información de las y los ciudadanos.
Hacemos un llamado para que la Cámara de Senadores detenga este dictamen. El Congreso de la Unión debe dejar de insistir en crear herramientas de vigilancia biométrica que abren la puerta a vulneraciones graves a los derechos humanos de todas las personas.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
