La organización civil National Security Archive (NSA) reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenía bajo vigilancia a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa al menos desde 2006, años antes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014, informó el medio de comunicación Aristegui Noticias.
La organización tuvo acceso a 20 documentos internos de la Sedena, filtrados por el colectivo Guacamaya, relacionados con el caso Ayotzinapa. Entre sus principales hallazgos, incluyen un informe de 2006 realizado por la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, que detalla la estructura, actividades y objetivos de la escuela, así como otro de 2007 que muestra un “diagrama de vínculos” con actores afines a la normal de Ayotzinapa.
Otros cuatro documentos muestran las comunicaciones entre miembros del Batallón de Infantería 27 y entre este batallón y la Zona Militar 35 durante e inmediatamente después de los ataques a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y del día posterior.
Esta revelación es consistente con lo que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) expuso en su informe del año pasado, que vincula a la Sedena con el uso del malware Pegasus en la intervención de comunicaciones en el caso Ayotzinapa; y que el Ejército “tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes de los hechos incluso cuando estaban ocurriendo”, de acuerdo con el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Además, la NSA expuso que el Ejército implementó una estrategia encubierta de desinformación para demeritar la labor del GIEI y respaldar la “verdad histórica” fabricada por la PGR. “El conjunto de datos de la Sedena evidencia que los niveles más altos de la Secretaría ordenaron y supervisaron una campaña en contra no solo del grupo de expertos, sino también de los padres y madres de los 43 estudiantes y sus abogados”, destaca la NSA en su investigación.
Los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya continúan ayudando a desenmascarar las acciones de vigilancia en contra de la sociedad civil, como los hallazgos de la investigación Ejército Espía que evidencian la adquisición y uso de Pegasus por parte de la Sedena durante la administración actual para espiar al menos a dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos entre 2019 y 2021.
