- El Presidente no presentó ninguna evidencia científica para refutar el espionaje a dos periodistas y un defensor de derechos humanos durante su mandato.
- Es preocupante que el Presidente legitime las labores de “inteligencia” del Ejército, cuando carecen de facultades legales para realizar dichas tareas.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC lamentamos la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a la investigación #EjércitoEspía, realizada por las organizaciones firmantes con apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en colaboración con los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
La respuesta del presidente brindada hoy a la periodista Nayeli Roldán (Animal Político) niega hechos que han sido documentados de forma contundente. A la par, pretende deslegitimar y descalificar a Ricardo Raphael, una de las tres víctimas de espionaje, quien junto a Raymundo Ramos y un periodista de Animal Político, fueron infectados con el malware Pegasus durante la presente administración. Condenamos enérgicamente el uso de la tribuna pública para la revictimización de quienes han padecido espionaje por su labor informativa y de defensa de los derechos humanos.
La labor del Citizen Lab en la documentación sobre vulneraciones a la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos goza de reconocimiento a nivel mundial. El presidente no presenta una sola evidencia científica que refute la intervención de comunicaciones de dos periodistas y un defensor de derechos humanos durante su administración.
Por otro lado, más allá de su dicho, el Presidente no refuta la evidencia documental que da cuenta de contratos que ha sostenido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 2019 con Comercializadora Antsua S. A de C.V., empresa intermediaria con representación exclusiva en México de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del malware Pegasus.
En este contexto, resulta grave que la SEDENA haya negado la existencia de dichos contratos a la ciudadanía, así como a instancias como la FGR y la Auditoría Superior de la Federación. La promesa del presidente de que dicha información se va a transparentar queda sin sustento, ya que, a la fecha, el Ejército se ha negado a aportarla pública y abiertamente pese a la misma exigencia presidencial en noviembre de 2019 y en julio de 2021.
La postura del presidente sobre la investigación #EjércitoEspía resulta inexplicable cuando el trabajo de investigación de #GobiernoEspía, que reveló el espionaje contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2017 ─realizado por las mismas organizaciones firmantes con apoyo del Citizen Lab─ fue respaldado y considerado serio y legítimo por quienes hoy gobiernan el país.
Consideramos extremadamente preocupante que el presidente acepte y legitime la labor de “inteligencia” de las Fuerzas Armadas, cuando estas no cuentan con facultades constitucionales y legales para realizar dichas funciones, y mucho menos, sin control judicial.
Por los hechos expuestos desde el 2 de octubre, en el marco de la investigación #EjércitoEspía, hemos interpuesto una denuncia penal para que la Fiscalía General de la República (FGR) cumpla con su labor de investigar diligente, imparcial, profesional, seria y objetivamente. Sabemos que habrá reticencia a hacerlo desde la institución encargada de procurar justicia, como la ha habido desde 2017 que presentamos denuncias en el marco de la investigación #GobiernoEspía.
Por ello, mantenemos la exigencia de que se forme una comisión de investigación internacional independiente que pueda ayudar sustantivamente en el esclarecimiento de casos de espionaje ocurridos en el sexenio pasado y en el presente. Si el interés de este gobierno es llegar a la verdad, existen vías y mecanismos para hacerlo más allá de la palabra de una persona.
