- Dorothy Mukasa. Líder de equipo en Unwanted Witness Uganda, una organización para la privacidad de información sin ánimo de lucro.
- Liza Garcia. Directora Ejecutiva de Foundation for Media Alternatives, de Filipinas.
- Gus Hosein. Director Ejecutivo de Privacy International.
“Muéstrame tus papeles”. Asociamos esas tres palabras con la represión estatal del siglo 20 y la separación de ciudadanos de “otros” —mientras que las credenciales de identidad o números eran para facilitar la supervivencia, no la participación cívica. Los sistemas de identidad modernos basados en billeteras digitales y biometría han sido presentados como una oportunidad para crear mayor inclusión, permitir la participación cívica y facilitar el acceso a servicios públicos y atención médica.
Sin embargo, en el Día Internacional de la Identidad, estamos viendo que estos sistemas de identificación impulsados por tecnología —adoptados por un creciente número de países— continúan facilitando la exclusión y la vigilancia, mientras exacerban la inseguridad y vulnerabilidad para comunidades que ya se encuentran entre las más marginalizadas.
Por ejemplo Uganda, donde enormes problemas administrativos con la implementación de de las identificaciones han provocado que 54 mil personas adultas mayores no tengan acceso a apoyos sociales que salvan vidas. O la India, donde personas han perdido acceso a programas de alimentación vitales durante la pandemia de COVID-19 y han perdido cuidado a su salud reproductiva por problemas con Aadhaar, el enorme programa indio de identificación biométrica.
Al vincular todo lo que se hace con un único identificador es un verdadero regalo para quienes buscan rastrear, explotar y manipularte —sean las agencias de seguridad gubernamentales o compañías privadas.
También existe el riesgo siempre presente de una filtración de datos. En Filipinas, una vulnerabilidad en el portal de ayuda para COVID-19 habría permitido la filtración de 300 mil documentos de identidad y 200 mil archivos e imágenes de documentos médicos. En Pakistán, un país en el que la información filtrada es comúnmente utilizada para identificar y acosar mujeres, la base nacional de datos de identidad es accesible por cerca de 300 proveedores de servicios públicos y privados. ¿Qué podría salir mal?
Aunque no sean presentados así, estos sistemas digitales de identidad son frecuentemente una pantalla para una más amplia infraestructura de vigilancia —muchas veces provocando interferencias innecesarias y desproporcionadas a nuestra privacidad y habilitando violaciones a los derechos humanos.
En Afganistán, se ha reportado que la información recolectada por estos sistemas ha sido utilizada por el Talibán para identificar y perseguir a disidentes tras su retorno al poder. En otros casos, estos datos son utilizados para monitorear poblaciones enteras, como es el caso de la vigilancia israelí en los territorios palestinos ocupados.
Por supuesto, estas no son las historias que vas a escuchar de los fabricantes de estos sistemas de identificación digital o quienes lo operan. Ellos aseguran que un sistema de identidad digital puede promover la inclusión financiera de mujeres, permitir el acceso a atención médica para infantes, proveer acceso a asistencia humanitaria para personas refugiadas y asegurar los procesos democráticos.
De hecho, es cierto que la identidad digital puede facilitar el acceso a atención médica y otras protecciones sociales. Pero a menos que estén diseñadas para que las personas puedan participar socialmente en formas que ellas escojan, estos sistemas se convierten en mecanismos para fortalecer el poder estatal y control sobre las personas —y por supuesto para generar ganancias corporativas. Así que en lugar de encontrar un portal para la participación cívica, te encuentras atrapado en un laberinto kafkiano.
Necesitamos un debate más matizado sobre la función de los sistemas de identidad digital. Si en verdad creemos en la inclusión, los números de identidad y credenciales digitales obligatorias no son la solución. Los promotores de los sistemas de identidad digital deben ser responsabilizados por sus dichos. Debemos demandar apertura y transparencia a los gobiernos sobre los usos actuales que le dan a estos sistemas.
Este artículo fue originalmente publicado por Al Jazeera el viernes 16 de septiembre de 2022 aquí.
Este artículo fue escrito como parte de un esfuerzo colectivo más amplio en el Día Internacional de la Identidad 2022 por Privacy Defenders Network, una red de más de 25 organizaciones de la sociedad civil y especialistas de todo el mundo que trabajan por el derecho a la privacidad.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
