Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos humanos en el entorno digital, entre las que se encuentra R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, lanzamos la Guía de debida diligencia en derechos humanos para inversionistas de tecnología de vigilancia.
Los inversionistas del sector global de tecnologías de vigilancia juegan un papel crítico para promover los derechos humanos y hacer que las compañías de las que son parte cumplan con con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Asimismo, también tienen una responsabilidad fiduciaria ante sus clientes, de quienes tienen que proteger sus inversiones. Como se ha demostrado recientemente con el caso NSO Group, los riesgos en derechos humanos son riesgos materiales que pueden tener consecuencias financieras, legales y reputacionales para las compañías e inversionistas.
La Guía se basa en las perspectivas de personas defensoras de los derechos digitales; especialistas modeladores en debida diligencia en derechos humanos y accionistas para asistir a otras personas accionistas de todos los tamaños, tipos y geografías navegar el ecosistema de tecnología de vigilancia y fortalecer su debida diligencia en derechos humanos.
La Guía contiene aspectos clave sobre cómo las tecnologías de vigilancia crean riesgos de derechos humanos para individuos y comunidades; una explicación de riesgos materiales para inversionistas; preguntas para identificar el riesgo material para inversionistas y un marco para tomar decisiones sobre inversiones.
En la actualidad, la mayoría de tecnologías de vigilancia son implementadas en formas que tienen diversos impactos sobre los derechos humanos; para erosionar las leyes sobre el derecho a la privacidad; reforzar el autoritarismo de ciertos estados y promover la censura y ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
Esto ha llevado a especialistas internacionales e incluso a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a pedir una moratoria global a la venta, transferencia e importación de tecnología de vigilancia.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
