La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) expresaron en un comunicado su preocupación ante las recientes revelaciones sobre la vigilancia ilegal contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, además, exhortaron al Estado salvadoreño a investigar los hechos y proteger a las víctimas.
Los organismos remarcaron que de las 35 personas que habrían sido espiadas, 22 son integrantes del medio periodístico salvadoreño El Faro, muchas de las cuales (19) ya eran beneficiarias de medidas cautelares emitidas por la CIDH para garantizar pudieran desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, desde el 4 de enero de 2021.
De acuerdo con las investigaciones sobre los ataques con Pegasus, muchas intervenciones ocurrieron entre los meses de abril y mayo de 2021, después de que el Estado salvadoreño informara a la CIDH de su interés de mantener la supervisión de las medidas cautelares del caso El Faro bajo el mecanismo de informes periódicos.
Los organismos recordaron que es deber de los Estados notificar a las víctimas de una invasión a la privacidad para que puedan saber qué información fue recolectada y manifestar su opinión sobre el tratamiento futuro que se debe dar a esa información, por lo que invitaron a El Salvador a ofrecer garantías efectivas para el ejercicio del periodismo y la labor de las personas defensoras de derechos humanos, a través de investigaciones conducidas con debida diligencia, completas, efectivas e imparciales.
En ese sentido, comunicaron que tomaron nota sobre las declaraciones públicas del Fiscal General de la República de El Salvador en las que se asegura se están investigando los hechos e instan al Estado a esclarecerlos, sancionar a quienes resulten responsables y establecer garantías de no repetición a través de reformas sobre la vigilancia electrónica, con respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
Finalmente, CIDH, RELE y OACNUDH aseguraron que cualquier acción intrusiva “de los dispositivos de comunicación” debería contar con un respaldo legal y transparente, por lo que en coincidencia con pronunciamientos de especialistas independientes y de la misma ONU y lo que ha sostenido la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, reiteraron el llamado a una moratoria inmediata sobre la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que no exista un marco normativo global con base en los derechos humanos.
Crédito imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
