La Policía de Israel habría utilizado ilegalmente el malware Pegasus, de la compañía NSO Group, para llevar a cabo vigilancia contra personajes políticos, extrabajadores del gobierno y activistas, reveló una investigación periodística reportada por The Guardian.
El uso de Pegasus se habría llevado a cabo sin la supervisión judicial obligada por la ley y sin monitorear el uso de la información que se extrajo de los dispositivos de las personas vigiladas, entre quienes se encuentran alcaldes locales y líderes de protestas contra el exprimer ministro Benjamín Netanyahu.
La ley israelí faculta únicamente a la agencia de inteligencia nacional, Shin Bet, a llevar a cabo intervenciones telefónicas sin una autorización judicial y solo si se utiliza en casos de inminente ataque terrorista de grupos palestinos, israelíes árabes o israelí judíos, e incluso en esas circunstancias requiere una autorización de un oficial senior de la agencia o de la oficina de la persona titular de la Fiscalía General.
Esta sería el primer reporte de un ataque con Pegasus llevada a cabo en Israel, país en el que se encuentra la empresa que desarrolló la tecnología, y va en contrasentido de lo que muchas veces ha comunicado NSO Group, incluso en declaraciones hechas por Shalev Hulio en julio de 2021: que su malware no puede ser operado contra teléfonos móviles israelíes o estadounidenses.
De acuerdo con información obtenida por The Guardian, aunque esta “salvaguarda” tecnológica evitaría que un gobierno distinto a Estados Unidos o Israel pudiera operar el malware contra su ciudadanía, no previene que autoridades de estos países lo hagan. Sin embargo, esto no es una garantía de que la ciudadanía de estos países no pueda ser objetivo del malware, como se reveló recientemente con integrantes del Departamento de Estado de EE.UU..
La investigación periodística tuvo un gran impacto en los medios nacionales de Israel. El Post de Jerusalén publicó un editorial en que criticó la narrativa de que existe un balance al recolectar evidencia y el respeto al derecho a la privacidad de la ciudadanía.
Crédito imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
