Un conjunto de compañías de servicios básicos como teléfono, cable y electricidad de Estados Unidos hicieron pública la determinación de no compartir más información sensible de millones de personas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido que han sido utilizados para violar los derechos de personas migrantes en este país.
De acuerdo con una investigación The Washington Post, durante años el Centro Nacional de Intercambio para Consumidores de Telecomunicaciones y Servicios (NCTUE, por sus siglas en inglés), una agencia crediticia sobre clientes de estos servicios en EE.UU., dio información de las y los consumidores, como direcciones, números de seguridad social, nombres, entre otros, al buró de crédito Equifax, que a su vez lo vendió a bases de datos, algunas a las que tuvo acceso ICE.
A partir del 23 de octubre de 2021, el NCTUE instruyó al buró detener la venta de este tipo de información; sin embargo la información recolectada antes de este momento continúa disponible para su venta.
Para el senador demócrata Ron Wyden, este es un ejemplo de cómo la falta de regulaciones sobre el tipo de información que se recolecta y comparte con objetivos comerciales, permite que incluso agencias de seguridad e inteligencia puedan acceder a estos registros y utilizarlos saltándose cualquier control judicial o supervisión.
A través de herramientas y bases de datos como CLEAR, cliente de Equifax, agencias como ICE podían monitorear el movimiento de personas, con quién han vivido y otros detalles; por ejemplo, un especialista de la agencia propietaria de CLEAR aseguró a una oficina de alguaciles en Texas, en 2019, que la base de datos podría ayudarles a encontrar “personas que no son fácilmente rastreables a través de vías tradicionales”.
Para grupos que defienden los derechos de las personas migrantes, el cambio es un paso importante para evitar que agencias federales violen la constitución estadounidense, en específico la cuarta enmienda, para perseguir y detener ilegalmente a personas de estas comunidades.
En los últimos años, especialmente, el gobierno estadounidense y agencias como ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras, han incrementado su capacidad de vigilancia contra personas migrantes dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo la adquisición de bases de datos recolectados de dispositivos móviles; el intento de crear bases de datos con información genética; e, incluso, el desarrollo e implementación de aplicaciones con reconocimiento facial para procesar solicitudes de refugio.
Asimismo, estas bases de datos representan un enorme riesgo por su alto atractivo ante atacantes maliciosos, como es el caso mismo de Equifax, que en 2017 sufrió un robo de información con registros de más de 147 millones de personas en EE.UU..
Imagen de U.S. Immigration and Customs Enforcement
