¿Qué papel juegan las personas en la función pública en la difusión de desinformación? Al respecto, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo ha publicado un nuevo ensayo en que se analizan el tipo de responsabilidad que tienen las personas funcionarias por sus discursos y los estándares que rigen su acción en declaraciones y expresiones sobre cuestiones de interés público.
El ensayo ahonda en las obligaciones a nivel regional de quienes integran los distintos gobiernos sobre sus discursos o expresiones, especialmente en aspectos críticos para el contexto regional como lo electoral y la salud, escribe Agustina Del Campo, directora del CELE, en la presentación del estudio.
Para analizar los contextos en los que una falsedad amerita el “reproche”, el CELE utiliza cinco criterios: la intención de quien miente; la magnitud del daño; la probabilidad del daño; la inminencia y, finalmente, las obligaciones de la fuente respecto de su discurso.
De acuerdo con Del Campo, las legislaciones muestran ciertos consensos sobre la “reprochabilidad penal” en la falsificación de documentos públicos, que se agrava cuando esta acción la comete quien esté en funciones de gobierno. Además, varias normas abarcan más documentos e instancias, pero permiten constatar que las funciones sociales que desempeñan estas personas conllevan ciertas obligaciones.
No solo existen sanciones penales para la difusión de desinformación, también existen normativas que “regulan” el comportamiento de las y los funcionarios para evitar que mientan o que los obligan a verificar la información que difunden. Las obligaciones se relacionan con la confianza que merece su trabajo.
Finalmente, el estudio indaga si las declaraciones en torno a los temas electorales o de salud tienen restricciones adicionales debido a su posible daño; como constatan las normas sobre campañas sucias y las regulaciones sobre los discursos comerciales que buscan proteger a las personas consumidoras del potencial daño de sustancias, como los medicamentos.
“Hoy proponemos retomar el estudio de las obligaciones de los funcionarios públicos en el marco de la discusión sobre desinformación, un tema en el que creemos que la investigación y la búsqueda de soluciones están excesivamente enfocados en los mecanismos de difusión (lease intermediarios de internet). Lo que intentamos fue mapear cómo se evalúan las falsedades en los distintos regímenes jurídicos y éticos que rigen la función pública, en un esfuerzo por complementar la investigación existente”, concluye Del Campo.
Imagen de Stefano Corso (CC BY-NC-ND 2.0)
