Los lineamientos para proteger la neutralidad de la red en México que tiene que publicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones deben reducir excepciones en la gestión de tráfico, promover en los hechos la elección de las personas consumidoras, incrementar los mecanismos de transparencia y prohibir la priorización pagada de aplicaciones y servicios, consideran la Fundación Wikimedia y Wikimedia México.
En sus comentarios enviados durante la consulta del anteproyecto de lineamientos del Instituto, las organizaciones señalaron diversos problemas que, de aprobarse, evitarían el cumplimiento cabal de los artículos 145 y 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Primero, como están redactados en el anteproyecto, los lineamientos otorgan permisos demasiado amplios para la gestión de tráfico de los Proveedores de Servicios de Internet (PSI), lo que podría alentar prácticas que violen los principios de “imparcialidad y neutralidad de la red”. Por ejemplo, al permitir a ciertas aplicaciones mantener un servicio de alta calidad frente a otras es un incentivo negativo para que las empresas inviertan en mejor infraestructura, por lo que solo se brinda una buena calidad de tráfico a los servicios más populares o rentables.
Segundo, el artículo 5 se presta a que se permita la “degradación, restricción y bloqueo” de servicios bajo ciertas condiciones, pero al menos dos de estas son demasiado vagas y amplias: “a petición expresa de una autoridad competente” o “a petición expresa del usuario final”. Porque no se especifica cuáles son las autoridades competentes y porque bajo la excusa de cumplir con lo que piden las personas usuarias los PSI pueden llevar a cabo prácticas discriminatorias.
Para la Fundación Wikimedia y Wikimedia México, uno de los problemas más graves del anteproyecto es que pareciera permitir la priorización “pagada de contenidos, aplicaciones o servicios”.
“Al permitirse los contenidos patrocinados, se reduce de manera efectiva el alcance del acceso al contenido digital, y eso va en detrimento de los beneficios de una Internet libre y abierta. Los usuarios de Internet se benefician no solo del contenido que ofrecen las grandes corporaciones, sino también de proyectos sin fines de lucro”, explican las organizaciones.
Asimismo, en el artículo 8 se evita que los PSI utilicen el concepto de “servicios especializados” para solicitar el pago por condiciones de tráfico estándar, aunque válido, no se definen estas condiciones y no se explica cómo los Proveedores deben distribuir el ancho de banda entre servicios reales y los especializados.
Finalmente, las organizaciones critican que aunque el anteproyecto incluya varias disposiciones sobre transparencia, los requisitos no obligan a los PSI a divulgar de manera específica los servicios “diferenciados y especializados” antes de que sean ofrecidos, cuando estas descripciones deben publicarse de manera abierta. La transparencia brinda competencia adicional ante la competencia desleal, concluyen.
