El relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, publicó un nuevo reporte en el que hace un llamado urgente sobre los pasos que deben tomar los gobiernos del mundo para proteger el derecho a opinión y expresión durante la pandemia por COVID-19 y otras situaciones similares en el futuro.
Kaye explica que la pandemia es una crisis de la libertad de expresión que ha sido alimentada por el debilitamiento de la infraestructura de reporte y alerta. No es posible que las personas y comunidades se protejan de la enfermedad sin información, con la confianza debilitada en los medios y fuentes de información, y en un entorno en el que la propaganda y la desinformación superan a las autoridades en salud pública.
En este contexto, señala el relator, garantizar el derecho de acceso a Internet es “parte crítica de una política de salud pública y su implementación, el acceso a información pública e incluso el derecho a la vida”.
No obstante, diversos gobiernos alrededor del mundo han continuado prácticas de censura, filtrado de contenidos, bloqueos de sitios y apagones de Internet. Incluso sin estas prácticas, ha quedado en evidencia la profunda necesidad para expandir la infraestructura para el acceso en primer lugar.
Una de las principales preocupaciones en el reporte se centra en la desinformación y las responsabilidades que actores privados y gubernamentales tienen para remover esta información. Kaye hace un énfasis en la responsabilidad de los actores de gobierno, como no permitir, animar o diseminar declaraciones que puedan ser falsas, pero también tomar pasos para diseminar información confiable y fidedigna sobre temas económicos, de salud pública, seguridad y medioambiente.
Los gobiernos también tratan de combatir la desinformación a través de medidas de control, nuevas o preexistentes; sin embargo éstas deben sujetarse a controles democráticos, ser proporcionales y necesarias.
Como ha sido evidente durante la pandemia de COVID-19, las plataformas de redes sociales y motores de búsqueda tienen un enorme impacto en el discurso público y pueden cometer errores al moderar discurso, especialmente al emplear o enfatizar el uso de herramientas automatizadas, considera el relator.
Las plataformas deben apuntar a una máxima transparencia sobre sus políticas y deben revisar especialmente sus políticas y prácticas para asegurarse no solamente de depender de la moderación automatizada sobre COVID-19, ya que puede tener un grave efecto en la salud y los derechos humanos.
Finalmente, Kaye advierte que la epidemia ha provocado un incremento en el uso de herramientas de vigilancia y aunque exista un deseo legítimo para rastrear los contagios y la transmisión de la pandemia, no se debe perder en cuenta que existen muchos ejemplos en la historia reciente del uso extensivo, excesivo de la vigilancia, dirigida o masiva, que no cumple con los estándares de derechos humanos. Además, algunas de las empresas que venden la tecnología de vigilancia tienen un pobre historial en el respeto a los derechos humanos y en tomar medidas para evitar violaciones a estos derechos.
Para asegurarse que la vigilancia sea consistente con los derechos humanos Kaye señala diversos principios como: las autorizaciones para la vigilancia deben contenerse en leyes accesibles y públicas; la autorización para la vigilancia de individuos específicos deben estar basadas en evaluación independiente; se debe tener un riguroso registro de la vigilancia que se pueda consultar posteriormente; se deben excluir expresamente algunos datos personales de la recolección, como el contenido de las comunicaciones privadas, entre otros.
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