Como parte de su respuesta a la crisis sanitaria por el Covid-19, diversos países del mundo están implementando estrategias de vigilancia, temporal o indefinidamente, para rastrear a individuos infectados por el virus o para obligar a las personas a cumplir con cuarentenas obligatorias.

El medio OneZero ha comenzado a llevar un registro de estas medidas, contabilizando al menos 28 países que las están llevando a cabo. Hasta el momento, la forma más común de vigilancia es la utilización de datos de ubicación de los teléfonos celulares. Así mismo, algunos gobiernos están empleando aplicaciones que ofrecen información sobre el Covid-19, al tiempo que comparten la ubicación de los usuarios con las autoridades.

El listado, que promete actualizarse de forma semanal, registra los casos de vigilancia en América Latina, una región donde existe el riesgo de que los gobiernos expandan sus capacidades sin control ni transparencia. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Salud desarrolló una aplicación obligatoria para todas las personas que ingresen al país y que deben mantener en su dispositivo durante 14 días y da acceso a datos de ubicación.

En Brasil, los gobiernos locales están rastreando la ubicación de sus ciudadanos a través de sus teléfonos inteligentes. Las autoridades se han aliado con empresas de tecnología para poder llevar a cabo estos seguimientos, que permiten saber “si un individuo ha salido de su casa” en cuestión de segundos, de acuerdo con el director de una de estas compañías.

Otros países como Ecuador está utilizando la información de los teléfonos móviles para tratar de frenar la transmisión del virus; una forma es obligando a las personas a respetar el toque de queda impuesto a partir de las 9 de la noche. Hasta el momento, no se ha publicado ninguna información referente a México.

Por último, en Estados Unidos, la información que recolecta la industria de publicidad en línea está permitiendo que autoridades de todos los niveles puedan rastrear el movimiento de los ciudadanos. Incluso, aplicaciones con extensas bases de datos sobre ubicación de personas, como Foursquare, están en conversaciones con los gobiernos para compartir dicha información.

En marzo de 2020, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe que se apeguen a los derechos humanos con las medidas extraordinarias de combate a la pandemia, especialmente en el uso e implementación de herramientas tecnológicas que puedan afectar la privacidad de las personas.


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