Los legisladores Gabriel Biestro (Morena) y Nora Merino (Encuentro Social) presentaron el lunes 27 de abril una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de sancionar hasta con 12 años de cárcel la difusión de “información falsa” en medios de comunicación y plataformas digitales “durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado”.

En respuesta, la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19 emitió un comunicado en el que critica la propuesta, indicando que estigmatiza y criminaliza a la prensa al “inferir a priori que existe una intencionalidad de perturbar la paz social por parte de personas comunicadoras y periodistas”.

La organización también expresó su preocupación por la ambigüedad de los conceptos de la propuesta, tales como noticias falsas o información no objetiva, señalando que las prohibiciones basadas en definiciones laxas son incompatibles con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

A nivel local, la propuesta de reforma también levantó críticas por parte de especialistas, que acusaron que la iniciativa puede generar un efecto silenciador, e incluso han llamado a la derogación del artículo 165 del Código Penal, que contempla sanciones de dos a seis años de cárcel y multas de 200 salarios mínimos para quien difunda o propague información falsa que “produzca alarma, temor o terror en la población”.

Debido a las reacciones contrarias, los diputados aceptaron que revisarían la propuesta, aunque la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local. De acuerdo con la legisladora Escamilla, la discusión sería responsabilidad de la comisión.

Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, nos sumamos al rechazo a la iniciativa presentada en el Congreso de Puebla, ya que representa una amenaza al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Como ha sostenido David Kaye, relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, es responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho a opinión y expresión durante la pandemia por COVID-19, y no menoscabarlo con medidas punitivas y contrarias a los derechos humanos en el afán por combatir la desinformación.

Imagen: CC BY-ND 2.0 – Jennifer Moo