Durante el 127º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, expuso diversas preocupaciones respecto al incremento en las facultades legales y capacidades tecnológicas del Estado mexicano para el ejercicio de la vigilancia, mismas que han sido empleadas en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Durante su intervención, García destacó la vigilancia en México se ejerce frecuentemente por autoridades que carecen de las facultades legales o sin autorización o supervisión judicial. Así mismo, la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia se ha realizado sin transparencia ni mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, por lo que la falta de regulaciones y medidas de control ha fomentado su uso ilegal.
El director de R3D recordó que al menos 25 personas –periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, así como sus familiares– han sido objetivos del sofisticado malware de vigilancia Pegasus, y que la investigación oficial es llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, la misma dependencia que adquirió y operó Pegasus durante el periodo de los ataques, lo que compromete la independencia de la pesquisa. Toda esta información fue provista previamente al Comité de Derechos Humanos en un informe alternativo, realizado en conjunto entre R3D y Privacy International.
Así mismo, García señaló que la revelación de estos casos motivó a organismos internacionales –incluyendo a diversos procedimientos especiales de las Naciones Unidas– a recomendar al Estado mexicano que garantice una investigación independiente, así como establecer un marco legal para proteger la privacidad de las personas conforme a los estándares internacionales. Ninguna de las recomendaciones ha sido atendida hasta la fecha.
Al término de su intervención, García exhortó al comité a emitir recomendaciones al Estado mexicano para establecer un mecanismo independiente sobre los casos de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la creación de un marco legal que regule con claridad las facultades de vigilancia estatal, incluyendo controles estrictos en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, mecanismos de control judicial, transparencia y otras medidas de rendición de cuentas.
Imagen de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
