Las tecnologías de la información y la comunicación en México (TIC) han fomentado el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, así como la creación de mayores espacios y motores para el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital. Sin embargo, la distribución justa y equitativa de sus beneficios depende de que el Estado mexicano implemente diversas políticas que atiendan los distintos desafíos para el interés público.

Las organizaciones firmantes valoramos positivamente la intención del gobierno federal de diseñar e implementar mecanismos que garanticen una recaudación efectiva, proporcional y justa de las contribuciones de las empresas de la economía digital que se encuentran en el extranjero pero que generan riqueza por su actividad en México.

No obstante, consideramos que resultan insuficientes las propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionadas con las empresas que prestan servicios digitales, ya que presentan deficiencias que pueden hacer inefectiva e inequitativa la recaudación, al tiempo que ciertas medidas representan amenazas para el ejercicio de los derechos humanos y podrían obstaculizar la llegada de más servicios a nuestro país. Entre los riesgos que observamos, se encuentran:

• La amplitud y vaguedad de las categorías de servicios digitales a los que les serían impuestas obligaciones fiscales podría provocar que múltiples empresas –especialmente pequeñas y medianas o aquellas que no consideran al mercado mexicano como primordial– decidan restringir geográficamente el acceso a sus servicios desde México. Esta potencial reducción de la oferta de contenidos y servicios afectaría la naturaleza de Internet como una herramienta libre, abierta e incluyente, en detrimento de la pluralidad y la innovación.
• La propuesta contempla que cuando las empresas no cumplan con ciertas obligaciones fiscales, se les suspenderá la conexión de aplicaciones, servicios y contenidos en línea. Esta medida es desproporcionada para el fin perseguido, además de ser abiertamente inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad de expresión e información.
• Para que sea posible cobrar el IVA, la propuesta de la SHCP plantea que las empresas extranjeras deben demostrar si un consumidor se encuentra en México, según su domicilio, información bancaria o dirección IP. Estos criterios podrán ser fácilmente eludibles por las personas usuarias y no atienden a las recomendaciones internacionales, por lo que (i) las empresas extranjeras
• deberían reunir al menos dos pruebas sobre la ubicación de los consumidores en nuestro país y (ii)
• se deben ofrecer esquemas más simplificados para las pequeñas y medianas empresas.
• La falta de claridad sobre los requerimientos de información que la SHCP podría solicitar a las empresas que prestan servicios digitales es preocupante, debido al impacto que podría tener en el derecho a la privacidad de las personas usuarios de dichos servicios.
• La propuesta privilegia la imposición de cargas fiscales sobre las personas usuarias y los integrantes más vulnerables de la economía digital, como son los conductores de aplicaciones de transporte privado o los repartidores de alimentos; mientras que otras actividades económicas más lucrativas, como la venta de publicidad y otras ganancias derivadas de la explotación de datos personales no generarían ingresos adicionales para el Estado.
• La propuesta no toma en cuenta las disparidades entre Pymes y las grandes empresas que prestan servicios en Internet, la cuales poseen una mayor capacidad de adaptación y cumplimiento de sus obligaciones. Exigir que todas las empresas designen un domicilio y un representante legal podría generar barreras de entrada para la innovación y fortalecer el fenómeno de la concentración en los (de por sí altamente concentrados) mercados digitales.

Por tanto, consideramos necesario entablar un diálogo plural que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, con la intención de fortalecer y modificar el diseño de los mecanismos de recaudación relacionados con la economía digital, de manera que resulten efectivos, proporcionales y suficientes, sin transgredir la Constitución ni producir impactos negativos en el ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, las organizaciones firmantes publicaremos, en los próximos días, un reporte en donde se analizarán las diversas propuestas que se han planteado hasta el momento en materia de tributación a la economía digital.

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