Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) fue llamado a declarar por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle). El citatorio, girado el 4 de marzo de 2019, solicitaba a Zerón de Lucio que compareciera el día 20 para que “declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado” acerca de la adquisición y uso del sistema de vigilancia Pegasus.
Tomás Zerón estuvo al frente de la AIC entre septiembre de 2013 hasta septiembre de 2016, cargo al que renunció después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionara su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa. En junio de 2017, se dio a conocer que Zerón suscribió, en octubre de 2014, el contrato de adquisición del sistema Pegasus con la intermediaria Grupo Tech Bull, una empresa constituida apenas un año antes y sin experiencia en el sector de la seguridad informática.
El extitular de la AIC intentó ampararse para no acudir a declarar, sin embargo, su solicitud fue rechazada por un juez federal. De acuerdo a La Jornada, Tomás Zerón no se presentó ante la fiscalía el día convenido. Esta no es la primera ocasión que el funcionario elude hablar acerca de su implicación en el caso Gobierno Espía: en julio de 2017, un día después de la revelación del uso de Pegasus en contra de un teléfono del GIEI, Zerón canceló su participación en una mesa de diálogo sobre ciberseguridad en el Senado.
En días pasados, a raíz de la revelación de los intentos de espionaje en contra de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, las organizaciones acompañantes de las personas objetivo de Pegasus han reiterado su llamado a la Fiscalía General de la República y el nuevo gobierno federal a reactivar la investigación penal sobre el caso, además de incluir “los actos de encubrimiento, destrucción de evidencia y falsedad de declaraciones aparentemente diseñadas para intentar frustrar la justicia” descubiertos a partir de la resolución del proceso de verificación emprendido por el INAI contra la (antigua) PGR. En dicha investigación, se halló que la PGR ocultó información acerca de dos contratos de renovación de licencias del software en 2015 y 2016, además de una posible destrucción de evidencia por una presunta desinstalación del sistema Pegasus de los equipos de la fiscalía.
