10 días después del asesinato de su esposo, Griselda Triana recibió un mensaje de texto. “Proceso: PGR asegura que el móvil del asesinato de Javier Valdez fue para robarle su automóvil“. El texto le pedía hacer clic en un enlace. Triana no lo hizo. Al día siguiente, le llegó otro mensaje similar que sugería un ataque en su contra en la prensa; tampoco picó el anzuelo. En su lugar, envió los mensajes a Artículo 19 y R3D.

Un nuevo reporte del Citizen Lab de la Universidad de Toronto revela que Griselda Triana, periodista y trabajadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es el caso documentado número 25 en México relacionado con el malware Pegasus. Triana recibió los intentos de infección entre el 25 y el 26 de mayo de 2017, varios días después de que su pareja, el periodista Javier Valdez, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Los mensajes ocurrieron durante el mismo periodo en que los periodistas Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal –director y jefe de información, respectivamente, del semanario Río Doce, fundado por Valdez– fueron también objetivo de Pegasus.

Así mismo, el Citizen Lab identificó que los enlaces contenidos en los mensajes forman parte de la infraestructura vinculada con Pegasus, ya que los dominios referidos en los SMS que recibió Griselda (savephotos[.]net y animal-politico[.]com) fueron previamente usados en los ataques contra Bojórquez y Villarreal. Ambas direcciones han sido vinculadas en reportes previos con operadores mexicanos. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República es la única entidad comprobada en México que cuenta con este sistema.

“No soy criminal ni terrorista, pero he sido objetivo de espionaje por el hecho de ser la compañera de Javier”, señaló Griselda Triana en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde anunció que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. “Exijo que la FGR atienda la denuncia que habré de presentar hasta dar con los responsables se les procese y se les castigue; ya sé que suena utópico, pero es mi derecho conocer la verdad y que se haga justicia. Quiero tener la certeza de que no nos seguirán espiando. Cualquier ciudadano de este país que vive de un trabajo honesto y digno pudo haber sido observado y lo más seguro es que nunca lo sepa.”

Esclarecer los hechos, no borrón y cuenta nueva: organizaciones

Por su parte, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, mostró la preocupación de las organizaciones acompañantes sobre el estado actual de las investigaciones. García acusó que se han hecho públicos indicios de que, en sus últimos meses, el gobierno saliente realizó intentos deliberados para obstruir la investigación penal y destruir evidencia.

García citó que, días antes de culminar el proceso de verificación que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizó a la PGR, la Fiscalía (bajo la nueva administración) informó que se habían adquirido sendos contratos de licenciamiento de Pegasus en 2016 y 2017; por lo que los anteriores funcionarios de la Procuraduría habrían incurrido en delitos al negarle al INAI y al Ministerio Público la existencia de adquisiciones o actualizaciones del sistema.

El director de R3D también resaltó que las afirmaciones de la FGR de que Pegasus nunca había sido utilizado era “inverosímiles”, ya que no es creíble que no haya utilizado un sistema en el que se erogaron cerca de 870 millones y se renovó la licencia en dos ocasiones. Además, García indicó que, de acuerdo con un dictamen técnico contenido en la carpeta de investigación, funcionarios de la FEADLE y peritos especializados fueron testigos, durante una diligencia en la Agencia de Investigación Criminal celebrada en julio de 2018, de que el sistema se encontraba activo.

Por tanto, las organizaciones consideran que la investigación actual debe ampliarse y comprender también “los actos de encubrimiento, destrucción de evidencia y falsedad de declaraciones aparentemente diseñadas para intentar frustrar la justicia”. García recalcó que los casos de #GobiernoEspía no pueden ni deben ser olvidados. “En tanto sus perpetradores sigan prófugos de la justicia, las víctimas de Pegasus (conocidas y por conocer) son vulnerables a la extorsión, el chantaje y los ataques”.

Las organizaciones también consideran que la entrada del nuevo gobierno abre posibilidades para reactivar la investigación. “El mensaje que estamos mandando es que hay la disposición de retomar el diálogo y construir, pero claramente, esto debe pasar primero por el esclarecimiento de los hechos, no por el borrón y cuenta nueva“, considera Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19 México y Centroamérica.