La organización británica Privacy International publicó el informe titulado “No Presten Atención al Hombre Detrás de la Cortina: Exponiendo y Desafiando a los Gobiernos que Recurren al Hackeo para Fines de Vigilancia”, analiza los casos de espionaje electrónico gubernamental en países como Argentina, Chile, Colombia y México entre otros, en el que no ha habido ni el debido proceso ni la rendición de cuentas apropiada, además de resultar violatorios de los marcos regulatorios propios de cada país.

En el caso de México se analiza el uso del malware Pegasus contra activistas por el derecho a la salud mientras hacían incidencia para impulsar el aumento al impuesto a las bebidas azucaradas y toda la investigación sobre el #GobiernoEspía, donde se reveló este tipo de vigilancia ilegal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la organización advierte que el uso de software intrusivo por parte de los gobiernos del mundo cada vez es más común y destaca que esto debe acabar.

Francisco Vera, oficial de políticas públicas de Privacy International, señala al respecto:

“Cuando los gobiernos hackean con fines de vigilancia, no están mejorando la seguridad de la población, sino que la están amenazando. Por esta razón, nosotros cuestionamos si el hackeo gubernamental es un mecanismo de vigilancia legítimo.

De todos los ejemplos que hemos encontrado, los casos de Latinoamérica son los que han generado mayor escándalo público. Sin embargo, después de estas revelaciones lo que necesitamos es que se generen investigaciones oficiales, sanciones a los abusos, y que se generen los cambios legales necesarios para regular estas actividades. Esperamos que el trabajo sostenido de la sociedad civil, incluyendo los miembros de nuestra red internacional, consiga que se genere ese cambio.”

Aunque este es un problema que pudiera parecer confinado al sur global en realidad es de escala global. Privacy International recientemente ha llevado al gobierno británico a tribunales por un caso de intrusión electrónica con propósitos de espionaje, que ahora se dirime en la Corte Suprema de Reino Unido.

Para evitar este tipo de casos, la organización ha propuesto diez salvaguardas contra el hackeo que pueden ayudar a preservar los derechos humanos de la ciudadanía sin sacrificar la capacidad del Estado para brindar seguridad.