El primer documento público de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS) no contempla disposiciones para el control de las capacidades y recursos de intervención de comunicaciones privadas del gobierno mexicano, señala El Economista, lo que representa una incongruencia con el supuesto principio rector de la ENCS: la “perspectiva de derechos humanos en ciberseguridad”.
“No valdría la pena tener una estrategia de ciberseguridad si no se velan los derechos más básicos, la legalidad más básica y la rendición de cuentas más básica para el ejercicio de mucho de lo que se está estableciendo en este documento, tal como lo hemos visto en los casos de abuso y espionaje ilegal”, opinó Juan Manuel Casanueva, de SocialTIC, en entrevista con el medio.
La falta de claridad en este renglón, en el contexto de las revelaciones del informe #GobiernoEspía, crea serias dudas sobre los objetivos, alcances y capacidades de vigilancia del Estado que podría delimitar la ENCS.
Diversos expertos consultados por el diario aseguraron que es de vital importancia que el diseño de esta parte de la ENCS sea también discutida de forma abierta con la sociedad,
después de que se pusiera a consulta pública el primer documento de trabajo.
Además, la ENCS propone modificaciones a los marcos legales y jurídicos con los que se tipifican delitos, lo que puede representar una amenaza al ejercicio de libertades y derechos en Internet.
Esta falta de claridad no abona a un clima de desconfianza por los intentos de espionaje a la sociedad civil, el cual se ha hecho patente con acciones como la salida de diversas organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, en mayo de 2017, y la exigencia de participación internacional para la investigación del caso #GobiernoEspía.
