#GobiernoEspía: 40 días después

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales  - 28 julio, 2017

Han pasado 40 días desde que el lunes 19 de junio de 2017, el periódico The New York Times diera a conocer, en exclusiva, el adelanto de dos informes que documentan el uso ilegal de Pegasus (un software sofisticado de vigilancia desarrollado por la firma israelí NSO Group y comercializado solamente a gobiernos) en contra de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos así como a activistas que denuncian la corrupción en México.

Ese mismo día, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, publicó un informe analizando más de 70 mensajes de texto con enlaces asociados a la infraestructura de Pegasus, que al hacer clic en ellos, permiten la descarga de un programa que infecta el dispositivo, permitiendo al atacante tener acceso irrestricto a archivos, documentos, contactos, correos, conversaciones y funciones del aparato.

Así mismo, tres organizaciones mexicanas (R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social TIC y ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica) emitimos el informe #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, poniendo en contexto los mensajes enviados, relacionándolos con las coyunturas críticas de los objetivos y encontrando un actor común: el gobierno federal, poseedor de Pegasus en al menos tres dependencias: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR).

No era la primera ocasión que algo similar ocurría. Al tiempo que el informe denunciaba nuevos casos de espionaje en México, también recordó que a principios de año, el Citizen Lab había dado a conocer 12 intentos de infección en contra de científicos y activistas prosalud. Un total de 88 casos registrados (hasta el momento), documentados y acreditados por un peritaje independiente que exponían un posible esquema amplio de espionaje político sin precedentes.

¿Qué ha pasado desde el día uno? A través del siguiente texto, compartimos un recuento de los sucesos, reacciones y nuevos hallazgos:

Primero un papel…

Tan pronto se dieron a conocer los informes y el reportaje del NYT, las personas y las organizaciones implicadas convocaron a una conferencia de prensa para exigir una explicación, así como anunciar que la denuncia correspondiente ya se había presentado ante PGR.

Desde este momento, se enfatizaron dos solicitudes básicas: 1) incorporar garantías adicionales en la investigación, como la participación de un panel independiente de expertos y expertas, que realicen supervisión internacional al no estar garantizada la imparcialidad por tener la PGR un potencial conflicto de interés; y 2) transparentar los contratos y demás documentos asociados con la adquisición y el uso de la tecnología Pegasus.

La sociedad hizo eco de la indignación: el hashtag #GobiernoEspía se convirtió en trending topic global durante unas horas, la información circuló ampliamente a nivel internacional, y las piezas editoriales nacionales alertando sobre la gravedad de las denuncias se sucedieron una tras otra en una cantidad importante de medios.

La respuesta inmediata del gobierno mexicano llegó a través de Eduardo Sánchez Hernández, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia. El vocero circuló en sus redes sociales la fotografía de una carta escueta (sin firma ni membrete) dirigida al editor de The New York Times, en la que se le reafirmaba al periódico que las pruebas no son concluyentes, y en la que se invita a los afectados a que presenten su denuncia ante la PGR; sin rechazar que los contratos con NSO existieran, sin negar que se tratara de espionaje y obviando que la denuncia ya había sido presentada desde un día anterior.

Esta respuesta elevó la indignación. Actores tan diversos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Gubernamental y Protección de Datos Personales (INAI), la Sociedad Interamericana de Prensa, así como diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, se pronunciaron rápidamente llamando a una investigación pronta. Edward Snowden expresó, enfatizando que el tema trascendía los casos individuales, que se trataba “de un crimen contra el público”.

El sistema de derechos humanos también reaccionó. Desde el 21 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares e instó a esclarecer lo denunciado. Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) llamó a una investigación exhaustiva y, más tarde, su Representante en México condenó los actos de espionaje ilegal, instó a una investigación pronta y demandó medidas de transparencia proactiva para informar sobre la contratación de esta tecnología.

…después una amenaza

Frente a la creciente presión nacional e internacional, el propio presidente de la República se vio compelido a responder las graves acusaciones. El 21 de junio, en un evento en Lagos de Moreno, Peña Nieto rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas al mismo tiempo que normalizaba el tema afirmando que “somos una sociedad que se siente espiada”, y ordenó una investigación al mismo tiempo que la condenaba al fracaso.

Así mismo, el presidente aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuenta con la tecnología en cuestión, sin embargo, también profirió una muy preocupante amenaza a las personas denunciantes al cierre de su discurso: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Aunque algunas expresiones fueron matizadas posteriormente, se asentó la percepción de que el Presidente no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables del espionaje, sino que envió un mensaje amenazante a quienes documentaron técnicamente la existencia de esta vigilancia ilegal, a quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, y a quienes, siendo objetivos de espionaje, denunciaron los hechos.

Además, la PGR se vio orillada a anunciar unilateralmente una serie de medidas dentro de la investigación, con la aparente intención de responder a los señalamientos. Este plan, sin embargo, no redundó en garantías adicionales de imparcialidad, y en lo concerniente a una posible colaboración de los Estados Unidos, motivaron incluso un penoso desmentido por parte de la embajadora en México de este país.

La punta del iceberg

“Esto es la punta del iceberg, porque hay muchas víctimas más”, advirtió Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, en una entrevista televisiva. Con el paso de las días, en efecto, el número de objetivos de vigilancia con Pegasus se incrementó.

En ese contexto, integrantes de varios partidos políticos dieron a conocer que habían recibido también mensajes coincidentes con el mismo patrón. Días más tarde, el Citizen Lab corroboró algunas de estas denuncias, efectivamente, como intentos de infección con el programa Pegasus. Una de estas, incluso, había sido dirigida a un legislador cuando cumplía sus funciones como presidente del Senado.

Las denuncias públicas sobre intentos de espionaje volvieron a agudizarse el 6 de julio. Durante una audiencia pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió haber recibido una comunicación privada de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este grupo, que participó brindando asistencia técnica y supervisión en la investigación del caso Ayotzinapa, informó a la CIDH haber recibido al menos dos mensajes similares a los documentados como intentos de espionaje. Estos, además, habían llegado en momentos especialmente álgidos para el ejercicio de su mandato en México.

El lunes 10 de julio, el Citizen Lab confirmó esta denuncia. Nuevamente, el periódico The New York Times desplegó un amplio reportaje sobre este nuevo caso probado, destacando que el GIEI, al venir a México por solicitud del Estado, estaba recubierto de inmunidad diplomática. Por lo tanto, una intrusión ilegal en su telefonía podría tener consecuencias de derecho internacional, al quebrantar el principio de buena fe que debe imperar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

En respuesta a estas revelaciones, el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión emitió un comunicado donde externó su más alta preocupación por estos hechos. Días después, cuatro expertos de las Naciones Unidas se sumaron al llamado para que el Estado mexicano garantice una investigación imparcial e independiente.

Ante la evidencia, la indiferencia

Hasta ahora, el gobierno federal no ha brindado una respuesta a la altura de la gravedad de las acusaciones. Respecto de la investigación, no se han generado aún las condiciones para que efectivamente intervenga un panel de expertos independientes, garantía mínima de fiabilidad dada la posible implicación de áreas de la PGR en el uso ilegal de la tecnología Pegasus.

Por el contrario, la posición institucional de la PGR se ha centrado en demandar que los denunciantes entreguen sus teléfonos, poniendo en entredicho la voluntad de estos para cooperar y sugiriendo que ello es indispensable para el avance de la indagatoria. Ninguna de las personas denunciantes se ha negado a entregar los dispositivos: simplemente, además de pedir garantías de imparcialidad, han solicitado razonablemente que se les informen por escrito tanto las especificaciones técnicas de los procedimientos que se piensan realizar en estos, así como que se les brinden los datos que acrediten las credenciales técnicas del personal que intervendrá, para pedir una revisión externa como es su derecho. Hasta ahora, esto no ha ocurrido.

Más allá de esta omisión, es falso que el análisis sobre la infección de los teléfonos sea determinante en la indagatoria: lo fundamental, más allá de si los aparatos resultaron infectados o no, es investigar si los hipervínculos contenidos en los mensajes conducen a la infraestructura de NSO, como fue acreditado por Citizen Lab. Para ello, más que los teléfonos, lo que se requiere es acceso a los contratos y documentos sobre esta tecnología, que obran en el poder de las autoridades que la contrataron. A la fecha, esta información pública tampoco se ha solicitado, en una omisión que revela una preocupante falta de diligencia.

En el rubro de la transparencia proactiva, esta administración también ha dejado mucho que desear. Más allá de las expresiones del Presidente, no se ha informado a la opinión pública formalmente qué dependencias cuentan con esta tecnología y qué uso le han dado. Por el contrario, la información relativa a dichos contratos ha sido reservada por las autoridades. Lo que se conoce hasta el momento sobre estos contratos, ha sido producto de filtraciones a los medios de comunicación mediante canales informales.

La noche del 28 de junio, de una forma casi simultánea, se dieron a conocer en dos noticieros nacionales documentos que acreditan, por un lado, que la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, adquirió la tecnología en octubre de 2014; y por otro, que en marzo de 2015, ese equipo quedó bajo el control directo de la Oficina de la Procuradora. Al margen de estas filtraciones, los canales formales han fallado frente a la necesidad de reducir la opacidad que rodea al uso de Pegasus.

La ausencia de contrapesos

La del Ejecutivo Federal no ha sido la única respuesta deficiente frente a un escándalo que debería enfrentarse en lógica de Estado. El Poder Legislativo, por ejemplo, no ha estado a la altura como contrapeso. Si bien todos los partidos en la oposición coincidieron venturosamente para promover en la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo pidiendo una investigación con supervisión internacional sobre el espionaje, hasta el día de hoy, el PRI ha impedido que dicho punto (y otros posteriores) sean votados, pese a que incluso en comisiones se presentó el informe #GobiernoEspía.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que por atribución legal debería ejercer como contrapeso en el ámbito, ha brillado por su ausencia. Tras semanas de silencio, apenas se realizó la comparecencia, a puerta cerrada, del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República. La inoperancia de esta Comisión, lo mismo que el uso ilegal de tecnologías de espionaje, debería alertar a quienes ven en ella un contrapeso idóneo para la aplicación de una eventual Ley de Seguridad Interior, que en algunas iniciativas incluye, también, ampliar los supuestos para la intervención de telecomunicaciones.

Otros órganos de Estado, como el INAI, tampoco han estado a la altura. Este caso resulta especialmente llamativo, considerando que el instituto ha estrenado con tibieza sus atribuciones como órgano garante de los datos personales, a pesar de los muy pertinentes exhortos que le dirigió su Consejo Consultivo.

En este sentido, fue vergonzoso el alineamiento del INAI con los otras instancias que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluida la representación del Consejo de la Judicatura Federal, para votar en contra de la propuesta de exhorto presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema, que buscaba instar al Ejecutivo Federal a brindar información sobre el presunto espionaje.

Esta votación es un reflejo más la profunda distancia que existe entre las instituciones y la ciudadanía. El aislamiento en la votación del Comité de Participación no solamente da cuenta de que la corrupción no importa por igual a la sociedad y a la clase política, sino que también muestra cómo esta asfixia con indiferencia el elemento central de legitimidad con que cuenta el Sistema frente a la pérdida de confianza en las instituciones: el acompañamiento ciudadano.

El vínculo entre corrupción y espionaje, por cierto, no es menor. De entre la voluminosa información que se ha generado a partir de la publicación de los informes, destacan sin duda los reportajes elaborados por Proceso en colaboración Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se detalla que la tecnología Pegasus pudo haber sido provista en México por empresas intermediarias como Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull.

Estas empresas, pese a carecer de experiencia por haber sido fundadas a inicios de sexenio, podrían haberse visto beneficiadas con contratos millonarios de seguridad nacional, incluyendo los relacionados con la venta de este programa, gracias a sus fuertes vínculos con figuras prominentes del priismo nacional. Espionaje y corrupción podrían ir de la mano, aunque no lo considere así el Comité Coordinador del SNA.

Mismas respuestas, nuevas dudas

Aun cuando para diferentes sectores sociales, la intrusión en las comunicaciones suele darse por descontada ante actividades críticas, la comprobación técnica realizada por el Citizen Lab ha supuesto un salto cualitativo inédito en la documentación de la vigilancia ilegal sobre la sociedad civil y los periodistas.

Normalizar el espionaje ilegal, aduciendo que siempre ha ocurrido y que siempre ocurrirá, implica no reconocer la importancia de la comprobación de estos hallazgos ni aquilatar la trascendencia de que esta información se haya difundido más allá de nuestras fronteras. Sería, además, aceptar que el ejercicio de la libertad de expresión, la defensa de derechos humanos o la lucha contra la corrupción, debe darse en estas condiciones y bajo un esquema tan agresivo de intrusión.

Sin embargo, pese a la evidencia acumulada, la prospectiva de las denuncias sobre espionaje ilegal no es prometedora. Una vez más, el grupo político que encabeza esta administración federal se ve confrontado con una prueba básica en democracia que ha reprobado una y otra vez: investigarse a sí mismo.

Es indispensable que se incorporen garantías extraordinarias a la indagatoria y que se transparenten proactivamente los documentos asociados con Pegasus. La intervención de un panel independiente de expertos y expertas internacionales que actúen como visores, aunque es cierto que no resolverá la crisis de la justicia mexicana, sí puede contribuir a que el desenlace de la trama denunciada no sea el que hacen previsible los antecedentes de este gobierno.

En un país hundido en una grave crisis de violencia y violaciones a derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión ha costado la vida misma de periodistas, defensores, defensoras y víctimas. Estos casos se acumulan bajo el manto de una oprobiosa impunidad, y mal haríamos en dejar de centrar nuestra atención en ellos.

Subrayamos la deuda del Estado con estas víctimas y enfatizamos que el debate público debería abrir más espacios a las atrocidades que se cometen en no pocas regiones del país, reconociendo que el espionaje ilegal se sitúa en un nivel diferenciado de gravedad. Sin embargo, lo que se está documentando en México debe activar una preocupación extrema, ya que pone en evidencia a autoridades que miran como enemigos a los actores civiles que exigen democracia, derechos humanos y rendición de cuentas.

Ha pasado más de un mes desde que se hicieron públicas las denuncias; cuarenta días en los que se ha ido acumulando la evidencia y se han ido reforzado los indicios para dudar de este gobierno. Lejos de resolver las preguntas iniciales, hemos obtenido las mismas respuestas y se han detonado nuevas dudas, no solamente sobre la responsabilidad del Estado, sino sobre su voluntad para esclarecer estos abusos.

Aún no sabemos cuánto ha gastado el gobierno en la adquisición de Pegasus. No sabemos qué información buscaba de las personas que han denunciado los intentos de espionaje (incluyendo a un menor de edad) ni qué se ha hecho con la información posiblemente obtenida. No sabemos si existieron órdenes judiciales para la intervención de comunicaciones con este malware, y en caso positivo, bajo qué argumento legal se otorgaron.

Ante dichas interrogantes, se mantiene la preocupación por un gobierno, que lejos de atender las denuncias de corrupción y violaciones a derechos humanos, espía a quienes denuncian y documentan; un gobierno sin aparentes contrapesos ni condiciones mínimas de buscar justicia. Más allá de un caso de espionaje o vigilancia sin control, nos encontramos con un caso que resume la lógica de esta administración. Frente a esta situación, se fortalece aún más el reclamo de contar con supervisión internacional y comenzar a dar respuestas, nos las deben a muchas.

A todas.


Sobre lxs autores:
Sofía de Robina Castro es abogada en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Pepe Flores es director de comunicación de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

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