México. D.F. a 22 de junio de 2016.- El día de hoy, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto se refirió por primera vez públicamente a las denuncias sobre el uso ilegal de tecnología para intervenir ilegalmente telecomunicaciones de personas vinculadas al trabajo periodístico, a investigar y denunciar la corrupción, y a la defensa de los derechos humanos. Las expresiones del primer mandatario ocurrieron en Lagos de Moreno, Jalisco, en el marco de la inauguración de un parque industrial.
En su discurso, el Presidente Peña Nieto rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas y ordenó una investigación. Asimismo, aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuentas con la tecnología de espionaje en cuestión. Al mismo tiempo, sin embargo, el Primer Mandatario realizó diversas expresiones impropias de su investidura y en extremo preocupantes.
En primer lugar, sin esperar a que la investigación siquiera iniciara, el Presidente condenó al fracaso la indagatoria al afirmar que “[…] Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso”, insistiendo en que las denuncias son “falsos señalamientos”. Es decir, el Titular del Ejecutivo calificó, sin que mediara una indagatoria, como falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad. Dado que la investigación aún no ha comenzado, el Mandatario carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección. Que el Presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el Presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado.
En segundo lugar, el Presidente de la República normaliza la gravedad de las denuncias y minimiza las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones, al señalar que “Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. De nuevo, estas afirmaciones son irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información.
En tercer lugar, el Primer Mandatario realizó una afirmación en extremo grave, al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje, al señalar que “Yo mismo como Presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que digo telefónicamente. No faltará que alguien, o alguna vez, exhiban una conversación mía”. Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el Titular Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación.
En cuarto lugar, el Presidente profirió una muy preocupante amenaza a las personas denunciantes al decir al final de su discurso: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”. Con estas expresiones, Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos. Esta posición presidencial es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar. Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global.
En suma, al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el Presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo.
En vía de consecuencia, reiteramos que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR en la “investigación” del espionaje. En el mismo sentido demandamos –dado que el Presidente afirmó que su gobierno cuenta con la tecnología de espionaje– que se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje.
Estos dos elementos serán los indicadores para considerar que existen posibilidades mínimas para una investigación en contexto de democracia. Mientras tanto, lo único que tenemos al día de hoy son amenazas a quienes denunciamos públicamente el espionaje y ausencia total de condiciones para una verdadera investigación.
