Organizaciones defensoras de los derechos humanos, laborales, ambientales y de consumidores, entre otros, exigieron que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que participan México, Canadá y Estados Unidos, ponga por delante las necesidades de la gente sobre los intereses comerciales.
El día de ayer, la administración de Donald Trump mandó una notificación oficial al Congreso de los EE.UU. para iniciar los 90 días de consulta antes de la renegociación, por lo que ésta no iniciará antes del 16 de agosto.
En la carta enviada por el representante para el acuerdo, Robert Lighthizer, el gobierno estadounidense asegura que buscará crear nuevas provisiones sobre los “derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos de aduanas, medidas sanitarias, fitosanitarias, laborales, ambientales y las pequeñas y medianas empresas”.
Desde que el gobierno de Trump abandonó el Tratado de Asociación Transpacífica (TPP), a principios de 2017, se alertó que no era posible bajar la guardia ante las medidas violatorias de los derechos humanos que incluía éste y que podían ser trasladados a la renegociación del TLCAN.
Específicamente, en materia de derechos digitales el TPP afectaba la libertad de expresión; el acceso a la información y la privacidad; permite la discriminación de contenidos por proveedores; endurece protecciones a la propiedad intelectual y los castigos por violar candados digitales.
Además, la discusión sobre la renegociación del TLCAN debe ser transparente ya que también requiere modificaciones, como la eliminación del mecanismo de solución de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS), alerta la campaña Citizens Trade Campaign (CTC).
“A pesar de afectar la vida de millones de personas y tener efectos que duran décadas, los tratados de libre comercio han sido negociados de manera opaca, sin incluir la representación de todos los sectores interesados y sin la posibilidad de fiscalizar la calidad de información con que se toman decisiones”, señala Carlos Brito, director de incidencia de R3D.
“El resultado de este tipo de negociaciones han sido tratados (entre ellos el TLCAN) que vulneran derechos humanos, que han impactado de manera devastadora a comunidades y territorios, y que difícilmente han ayudado a combatir desigualdades. Es necesario encontrar un nuevo modelo democrático de negociación que atienda de manera efectiva y en condiciones de equidad a las diversas partes interesadas buscando que el intercambio comercial de los país se haga en las mejores condiciones posibles para los pueblos y no para las élites”, concluye Brito.
