Documentos obtenidos mediante litigio y solicitudes de acceso a la información ha revelado que un programa de control que rastrea a casi 200 mil personas migrantes está recabando y almacenando datos en una escala mucho mayor a la que se había revelado públicamente ─incluso a legisladores─, señala el diario británico The Guardian.
Estos documentos muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos –ICE, por sus siglas en inglés– almacena información personal a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes, monitores de tobillo y relojes inteligentes, durante un periodo de hasta 75 años.
Este programa, conocido como Intensive Supervision Appearance Program (Isap), es gestionado en nombre de ICE por BI, una filial de la empresa privada de prisiones Geo Group.
La información pone en entredicho las afirmaciones previas de ICE ante el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, la agencia de control migratorio afirmó en 2018 que no monitoreaba de manera activa la geolocalización de las personas que usan su aplicación de reconocimiento facial, SmartLink.
Sin embargo, de acuerdo con los documentos obtenidos, las personas migrantes son obligadas a firmar un acuerdo que permite a SmartLink rastrear datos cada vez que inician sesión o realizan una videollamada. Incluso, una antigua empleada de BI sostiene que ICE solicita a los trabajadores sociales a que presionen a las personas migrantes para que utilicen la aplicación para obtener su localización geográfica.
Los datos recogidos incluyen el historial de localización en tiempo real, incluidas las rutas habituales que ha seguido el individuo; información personal como direcciones, empleadores o educación; información financiera, afiliación religiosa, raza y sexo. La empresa también recopila y almacena un amplio abanico de información biométrica como imágenes del rostro de las personas, grabaciones de voz, peso y altura, cicatrices y tatuajes, además de información médica como discapacidades o embarazos.
Además, ICE posee “derechos ilimitados para usar, disponer o reservar” la información obtenida a través de BI, lo que significa que pueden compartir estos datos con cualquier otra agencia, incluyendo policías locales. De acuerdo con las políticas de ICE, los datos deben permanecer en sus bases por 75 años y BI puede conservar la información hasta siete años después de que la persona abandona el programa.
Los documentos muestran que los datos recopilados por BI han ayudado a ICE a detener y encarcelar personas migrantes. En uno de los documentos, BI afirma que “transmitió los puntos GPS de los participantes” a la rama policial de ICE, lo que dio lugar a la detención “rápida y discreta” de más de 40 personas.
Estos documentos fueron obtenidos por los grupos en defensa de los derechos de personas inmigrantes Just Futures Law, Mijente Support Committee y Community Justice Exchange.
“Hemos aprendido que la privacidad de los datos no existe en el contexto de la vigilancia masiva del gobierno”, dijo Hannah Lucal, investigadora de datos y tecnología en Just Futures Law. “Los documentos transmiten el alarmante alcance y escala del creciente sistema de extracción de datos y monitorización de vigilancia electrónica de ICE”.
Esta no es la primera vez que se documentan las capacidades de vigilancia de ICE. En 2020 se reveló que la agencia migratoria contrató a Clearview AI, una polémica empresa que ofrece servicios de reconocimiento facial a partir de la recolección de fotos públicas en Internet.
Otras autoridades locales, como el Departamento de Seguridad Pública de Texas, también despliegan tecnologías de vigilancia con la finalidad de rastrear a personas migrantes, como es el caso de Tangles, un potente software capaz de localizar y seguir a personas a través de sus teléfonos, desarrollado por Cobwebs Technologies, un contratista de vigilancia israelí.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino