Un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial debido a que se permitió el acceso a datos biométricos de millones de personas que no tenían una orden de búsqueda, incluyendo dirigentes políticos, sociales, sindicales, integrantes del Poder Judicial, del empresariado y periodistas, informó la agencia argentina Télam.
El sistema de vigilancia, implementado por el gobierno capitalino en 2019, está habilitado para solicitar datos biométricos al Registro Nacional de las Personas (Renaper) únicamente en caso de que una persona esté incluida en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, con datos de 40 mil personas. Sin embargo, de acuerdo con el juez, las consultas de datos biométricos desde el Ministerio de Seguridad alcanzaron las 9 millones de personas.
El sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos fue utilizado para obtener los datos biométricos de personas como el actual presidente argentino Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras, según consta en la resolución judicial.
Para el juez, la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos reconocidos sin autorización judicial demuestra que el proceso pudo ser manipulado para obtener información indebida ilegalmente.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022”, aseguró Digo Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, a Télam.
El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires aseguró tras la suspensión que todos los trámites están “habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad”; además, agregó que el programa dejó de funcionar desde abril de 2020, periodo que no corresponde a la información expuesta por el juez.
En diciembre de 2019, la Asociación por los Derechos Civiles presentó una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia local sobre la implementación del sistema de reconocimiento facial, por considerar que no fue producto de un proceso democrático y por los riesgos que representa para los derechos humanos, aunque esta resolución no corresponde a esta demanda, sino a la presentada por otras organizaciones.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
