La primera red indígena que presta servicios de telecomunicaciones, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C (TIC), está cerca de perder la concesión que le fue otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), informa el diario El Financiero.
TIC ofrece un servicio sin fines de lucro para comunidades en Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, en esta última entidad atiende a 18 comunidades con cerca de 3 mil hogares; sin embargo, en 2018 tendrá que pagar alrededor de 1 millón de pesos por usar el espectro como concesionario.
Esta situación pone en riesgo la viabilidad de TIC y el servicio para miles de personas, quienes pagan, para usar una red 2.5 G, 40 pesos mensuales, que incluyen llamadas y SMS ilimitados dentro de las comunidades en que opera la red.
De acuerdo con El Financiero, de los 40 pesos, 25 pesos se destinan a las comunidades y 15 se destinan a la asociación, la cual reinvierte ese dinero en el mantenimiento y operación de la red.
El 15 de noviembre de 2017, se le negó la solicitud de exención a TIC, en la resolución de amparo del oficio IFT/225/UC/DG-SUV/1389/2017.
“Nos piden que paguemos alrededor de un millón de pesos al año, pero no hay manera de que eso suceda, porque si hay una obligación, esta concesión se acaba. Damos servicio a comunidades que no son viables económicamente y nos tratan igual que aquellos concesionarios que llegan a comunidades para ganar dinero”, comentó Erick Huerta de la organización REDES A.C., citado por el diario.
El IFT respondió al diario argumentando que este pago está contemplado en la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por la explotación del espectro.
La falta de una diferenciación entre concesiones sociales y concesiones comerciales no favorece a la cobertura de poblaciones que no cuentan con servicios de telecomunicaciones, porque los operadores tradicionales no están llegando.
“Me parece muy grave porque el Estado no está siendo capaz de dar la cobertura social a las comunidades que han sido excluidas, pero tampoco hace nada para que organizaciones y comunidades puedan hacerlo”, explicó Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy OBSERVACOM, a El Financiero.
