Comunidades nahuas y totonacas ven el registro obligatorio de líneas telefónicas como una vulnerabilidad que pondrá en riesgo el trabajo que han hecho en defensa del territorio, el medio ambiente y en contra de megaproyectos extractivistas en México, informa Expansión.
Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES), afirmó en entrevista con Expansión que las organizaciones con las que trabaja REDES, y que se dedican a brindar servicio móvil a colectivos y organizaciones civiles, ven en este registro una herramienta de persecución más que de protección.
Operadores móviles comunitarios como Wiki Katat, que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz, mencionan que varios de sus usuarios –quienes mantienen luchas por la defensa de su territorio frente a proyectos energéticos y extractivistas– temen estar en una posición de mayor vulnerabilidad ante el registro masivo de líneas telefónicas.
Algunos colectivos señalan que ven las líneas de prepago como un escudo contra la vigilancia que podría ejercer el Estado por las actividades que llevan a cabo. La preocupación de estos grupos no es infundada: según el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el año 2024 se documentaron 94 eventos de agresión, 236 agresiones específicas y 25 agresiones letales contra defensores del medio ambiente; número que creció significativamente respecto a 2023, colocando a México como el tercer país más peligroso para la defensa del medio ambiente a nivel mundial.
Entre las agresiones que más se documentaron en 2024 están: intimidación, hostigamiento, homicidio, estigmatización, criminalización y difamación. La mayoría de los casos se fueron por oponerse a proyectos turísticos, extractivistas y mineros, sectores de gran poder en nuestro país.
Con la implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas, datos como la localización geográfica en tiempo real de los celulares, el origen y destino de las comunicaciones o la fecha y duración de una llamada pueden vincularse a la identidad de una persona, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de activistas y defensores de derechos humanos.
Además de profundizar los riesgos para la privacidad de las personas defensoras de derechos humanos, el registro obligatorio también impone costos desproporcionados que las operadoras comunitarias –que cuentan con recursos limitados– deberán absorber. Esta carga financiera establece condiciones de competencia desleal entre las operadoras comunitarias y las grandes empresas comerciales, capaces de diluir el impacto.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
