Una denuncia por violencia política de género (VPG), presentada por la ciudadana Yadira Mascorro y ratificada por la diputada federal Andrea Chávez, señaló a periodistas del medio Animal Político que redactaron y compartieron una nota acerca de la opacidad de tres dependencias sobre un vuelo del entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Daniel Moreno, director editorial de Animal Político, publicó en sus redes sociales que en enero de este año, el secretario acudió al informe de la diputada Chávez Treviño en Ciudad Juárez. Meses después, circuló una foto en redes sociales donde los familiares de la diputada habían utilizado presuntamente una aeronave oficial para viajar al informe, lo que la legisladora calificó como una “rotunda mentira”.
El medio identificó un vuelo de Adán Augusto López el mismo día del evento de la diputada, por lo que solicitó información a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública acerca de las personas con quienes había viajado el secretario. Ninguna de las dependencias proporcionó la información.
Según una relatoría del caso, la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a diversos periodistas, comunicadores y figuras públicas acerca de la denuncia por violencia política de género, incluyendo a Arturo Daen, autor del texto, y a Nayeli Roldán, periodista que reposteó la nota en redes sociales.
Si bien la Comisión de Quejas y Denuncia del INE desestimó aplicar medidas cautelares como la remoción de contenidos en línea ─bajar la nota o los tuits─ y no encontró “elementos de género en detrimento de los derechos político-electorales de la denunciante”, el caso pone en evidencia el potencial uso indebido del mecanismo de denuncia por violencia política de género en contra de la libertad de expresión.
R3D ha documentado que la figura de violencia política de género ha sido utilizada por el INE, de manera errónea y desproporcional, para remover información de interés público en Internet, constituyendo actos de censura previa que violan el derecho a la libertad de expresión. Estos actos afectan el debate público y alteran su carácter abierto y robusto, indispensable para una sociedad democrática.
La medida tomada por el INE es una muestra del control ilegítimo de información que se ha establecido con el uso abusivo de la figura de violencia política de género en el ámbito electoral; además, representa una restricción indirecta a la libertad de expresión porque, aunque no exige la remoción de contenidos, produce un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa.
Después de darse a conocer la acusación por parte de Animal Político, la propia diputada Andrea Chávez publicó que había decidido desistir “de todas las denuncias de terceros”.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino.
