Una investigación de The New York Times ha revelado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, de mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.
La Fiscalía solicitó esta información a Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Para esta clase de delitos, la ley faculta a las fiscalías a obtener los registros telefónicos sin orden judicial, aunque deben solicitar una ratificación judicial federal en las 48 horas subsiguientes a la solicitud.
De acuerdo con The New York Times, entre las personas vigiladas desde 2021 hasta la fecha se encuentran Dolores Igareda, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Amezcua, integrante de la judicatura de la Ciudad de México; Santiago Taboada, alcalde y aspirante a la jefatura de gobierno de la capital; Higinio Martínez, senador de Morena por el Estado de México; Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas; la senadora Lilly Tellez y la ex legisladora Alessandra Rojo de la Vega. Ninguna de las personas estuvo involucrada en casos de secuestro, señaló el diario.
Por ejemplo, el caso de Taboada, Telcel reconoció que había brindado sus registros telefónicos a la fiscalía de CDMX en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros, así como a la fiscalía de Colima por un requerimiento. Las autoridades de Colima indicaron que había solicitado a Telcel los registros telefónicos “luego de que una persona anónima brindara su número” en un caso local de secuestro.
“El sistema es fácil de manipular. Los fiscales pueden inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, señaló Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Desde 2016, R3D ha alertado sobre los riesgos de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obligue a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones (metadatos), así como el historial de localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo.
Además, ni la Ley Federal de Telecomunicaciones ni el Código Nacional de Procedimientos Penales otorgan suficientes salvaguardas para prevenir o sancionar cuando las autoridades facultadas, como las fiscalías, obtienen metadatos de comunicaciones de manera ilegal o arbitraria, como advirtió el informe ¿Quién no defiende tus datos? en 2018.
Incluso, desde 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió eliminar la obligación de las empresas de telecomunicaciones de publicar informes semestrales sobre la colaboración en materia de seguridad y justicia con las autoridades. Los abusos que esta opacidad ha permitido han quedado en evidencia con la información presentada por The New York Times.
Este modus operandi de las autoridades también fue denunciado en 2019 por la periodista Marcela Turati; la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.
“Una fiscalía abre una investigación o usa una existente, y con base en ‘información anónima’, pide las empresas de telecomunicaciones que le den información de números que nada tienen que ver con ningún delito. Usan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves y con ello eluden la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, explicó García en un tuit.
La revelación de los múltiples abusos de la Fiscalía de CDMX ─y la de Colima─ sugiere que podrían existir muchos más casos en los que autoridades han obtenido, de las empresas de telecomunicaciones, metadatos de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real de manera fraudulenta, por lo que resulta indispensable llevar a cabo una investigación que permita identificar a otras víctimas y sancionar a los responsables.
Reiteramos la urgencia de que, en cumplimiento de recomendaciones internacionales, se lleven a cabo las reformas legales necesarias para garantizar que las facultades de vigilancia se ejerzan con controles democráticos efectivos para evitar su abuso sistemático.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
