Un grupo de Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación al gobierno mexicano por el uso del malware Pegasus para vigilar a personas defensoras de derechos humanos; en específico, en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
De acuerdo a los hallazgos de la investigación Ejército Espía, entre junio y septiembre de 2022, los dispositivos de móviles de María Luisa Aguilar y Santiago Aguirre fueron atacados al menos en cinco ocasiones con Pegasus, en fechas en las que el Centro Prodh realizaba actividades vinculadas con denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Para las y los Relatores Especiales, resulta preocupante el posible vínculo entre los ataques en contra de las personas integrantes del Centro Prodh y su acompañamiento a víctimas. Además, citan que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sería la única institución mexicana con un contrato actual para el uso del spyware espía y que al menos un funcionario encargado de derechos humanos en el gobierno federal habría sido afectado.
Otro punto que resaltan las Relatorías Especiales que esta no sería la primera ocasión en que personas defensoras del Centro Prodh son espiadas con Pegasus, ya que en 2017 también se identificaron ataques en su contra en el informe Gobierno Espía.
En su misiva, dirigida al presidente Andŕes Manuel López Obrador, el grupo solicita al gobierno mexicano proporcione información detallada sobre la base legal del uso de tecnologías para intervenir las comunicaciones de las personas integrantes del Centro Prodh, así como informar sobre las medidas que ha adoptado o considera adoptar el Estado mexicano para “prevenir y proteger contra los abusos” de los productos y servicios de NSO Group.
Las personas relatoras también solicitaron al gobierno que aclare la relación entre las actividades de espionaje denunciadas y las autoridades mexicanas, e igualmente, informar sobre las acciones previstas para “garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición”.
El grupo también dirigió una carta a NSO Group, empresa israeí fabricante de Pegasus. Acerca del caso mexicano, la compañía respondió que “debido a obligaciones contractuales y consideraciones de seguridad nacional, NSO no puede confirmar o negar la identidad de sus clientes o compartir detalles sobre contratos específicos”.
No obstante, la empresa confirmó que realizó “una revisión preliminar de los alegatos” para determinar si existe suficiente información para facilitar una investigación completa, si la conducta reportada es tecnológicamente posible usando la tecnología de NSO Group a la que el presunto cliente tiene acceso, y si la conducta referida implica un potencial mal uso de sus productos.
Por su parte, el gobierno mexicano desestimó los señalamientos y reiteró la versión de que la administración actual “no espía a ninguna persona”.
El grupo de Relatores Especiales se encuentra compuesto por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Puchamon Yeophantong, del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Ana Brian Nougrères, Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
