El municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, adquirió en 2022 cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial a las empresas chinas Dahua y Hikvision, las cuales fueron vetadas por el gobierno de Estados Unidos por considerar que representaban amenazas a las redes de comunicaciones de la nación y sancionadas por su vínculo con abusos a los derechos humanos, de acuerdo con un reportaje de Empower.
Con Chihuahua, ya son cuatro los estados fronterizos en el norte del país —los otros son Coahuila, Baja California y Nuevo León— que cuentan con sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial. El sistema de Coahuila es el más “viejo”, ya que fue instalado desde 2019, con un costo estimado de 27 millones de dólares y que consta de mil 300 cámaras distribuidas en los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón y Matamoros.
Empower encontró que en 2022 la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, adquirió dispositivos de Dahua y Hikvision a través de las empresas INT Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V. —que proveyó e instaló un total de 1,000 cámaras en 250 puntos de monitoreo inteligente—, y Novitech, S.A. de C.V. —que suministró servicios complementarios—.
Dahua y Hikvision fueron vetadas por el Gobierno estadounidense en 2021, a causa de una amenaza de espionaje del Gobierno Chino, así como por los nexos de estas empresas con el trabajo forzoso y el genocidio, especialmente de Uyhur, pertenecientes a las regiones del noroeste de la República Popular China. En el caso mexicano, las cámaras de Coahuila fueron utilizadas para auxiliar al gobierno de Estados Unidos en la persecución de dos personas que participaron en el movimiento Black Lives Matter, luego del asesinato de George Floyd.
La investigación del medio descubrió que también Nuevo León y Baja California cuentan con estas tecnologías, pero, la información disponible sobre su uso y origen es limitada, por lo que es imposible afirmar que los equipos pertenezcan a Dahua o Hikvision.
En Baja California, por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno le entregó un contrato por 4 millones 416 mil 120 pesos a la empresa Coedra, S.A. de C.V. por la compra de equipos de tecnología con capacidad de reconocimiento facial. Y, aunque la Secretaría afirma que se usan para identificar a personas desaparecidas, medios locales aseguran que no es así y, por el contrario, se emplean para alimentar una base de datos que tiene un registro de mil 80 personas.
Nuevo León reservó su información; sin embargo, en 2021, Empower identificó un contrato del 2020 —por 3 millones 582 mil 723.97 pesos— con la empresa Geosoft Solutions, S.A. de C.V., para el suministro, la instalación, la configuración y puesta en marcha de una licencia para uso de software destinada al reconocimiento facial. Finalmente, la última entidad implicada en la compra de este tipo de equipos es Tamaulipas, donde, al igual que Nuevo León, la fiscalía estatal reservó la información existente.
Las revelaciones del reportaje de Empower muestran que el interés de gobiernos estatales para la vigilancia de su ciudadanía a través de las tecnologías de reconocimiento facial continúa en aumento.
La vigilancia con reconocimiento facial conlleva graves riesgos para los derechos humanos debido a sus altos márgenes de imprecisión, que afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables y minoritarias; a que favorece el autoritarismo al establecer un estado de vigilancia permanente y es susceptible de abusos debido a su operación opaca y carente de regulación.
Te invitamos a conocer más sobre los riesgos del uso de esta tecnología en No nos vean la cara.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
