La reciente encomienda del presidente López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya y coloque antenas para proveer de servicio de Internet a regiones del país genera preocupación debido al posible incremento de las actividades de vigilancia e incluso de espionaje por parte del Ejército, considera la activista y lingüista Yásnaya Elena Gil en El País.
En su texto, Gil también recuerda que el movimiento por la comunicación indígena y comunitaria ha pasado por una dura batalla legal para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos a la información y la libertad de expresión, incluso teniendo que “regatear” al Estado para obtener lo mínimo.
Para la autora, las recientes revelaciones sobre las actividades de vigilancia de la Sedena contra movimientos sociales, dadas a conocer a través de la filtración de millones de correos, provocan alarma, ya que si el servicio de Internet que se provee a muchas comunidades indígenas depende de esta misma dependencia, esto pondría en riesgo su ciberseguridad y derechos digitales.
“Los derechos digitales son considerados una extensión de los derechos humanos, si las antenas que proveen internet están en los cuarteles militares será difícil garantizar el derecho a la privacidad, al acceso neutral y seguro a internet; sobre todo ya con evidencia contundente de que la Sedena espía y vigila a la sociedad civil”, escribe Gil.
La activista cuestiona que el Presidente haya asignado esta tarea a los militares “sin importar que esta misma institución haya infiltrado a un soldado en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa para espiar la movilización de estudiantes que en una gran parte provienen de pueblos indígenas y sin importar que las recientes filtraciones den cuenta de la vigilancia que la Sedena mantiene sobre las comunidades zapatistas”.
“Las antenas que llevarán el internet a muchos de nuestros pueblos serán colocadas en cuarteles y campos militares. ¿Qué podría salir mal?”, remata la activista.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
