Con más de 105 mil cámaras de videovigilancia, Moscú se ha convertido en una de las ciudades más vigiladas del mundo; sin embargo, este enorme sistema carece de controles democráticos para garantizar su buen uso, además, está siendo utilizado para monitorear a la oposición política al gobierno, alertan activistas.

La falta de controles democráticos y la corrupción de las autoridades han llevado a que la información del seguimiento de una persona mediante el sistema de reconocimiento facial sea vendida en el mercado negro por apenas 200 dólares, informó la agencia de noticias Reuters.

En Rusia, las regulaciones no definen claramente cuándo y por qué motivos puede la policía acceder al uso de las cámaras y sistemas de reconocimiento facial; asimismo, tampoco se establecen mecanismos de fiscalización judicial y ciudadana para el uso de esta tecnología,

Debido a los vacíos legales, la organización Roskomsvoboda demandó que se detuviera el uso de la tecnología hasta que no existan reglas y reparaciones por los abusos. Además, en julio pasado, la activista Alena Popova y el político opositor Vladimir Milov también interpusieron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a que el sistema de reconocimiento facial fue utilizado para monitorear una protesta en 2019.

Para Popova, el uso de esta tecnología viola el derecho a la privacidad y la libertad de reunión, además de ser una forma para controlar a la oposición política en un país con un grave historial de violaciones a los derechos humanos.

A pesar de las demandas, las autoridades planean expandir el sistema de vigilancia en Moscú y el resto de Rusia, apoyándose en una retórica que asegura la tecnología les ha permitido reducir la criminalidad y controlar las cuarentenas debido a la pandemia por COVID-19.

Imagen de Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)