Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos del mundo tienen la obligación de proporcionar información veraz, fidedigna, en formatos accesibles –en especial para aquellas personas sin acceso a Internet o con alguna discapacidad–, declararon los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
“Compartimos la grave preocupación de las personas de todo el mundo ante la pandemia de COVID-19. En un momento de tal gravedad, comprendemos y apoyamos plenamente los esfuerzos de los profesionales de la salud pública y los gobiernos para desarrollar y aplicar estrategias para proteger la salud y la vida humana. El derecho fundamental e inderogable a la vida está en juego, y los gobiernos están obligados a garantizar su protección”, señalaron en la declaración conjunta.
De acuerdo con el documento, la salud humana depende también del acceso a información precisa sobre las amenazas y los medios que existen para proteger a las comunidades, las familias y a las personas, por lo que el derecho a la libertad de expresión debe estar garantizado y solo puede ser sujeto a restricciones limitadas en el contexto de emergencia.
Es crítico que los gobiernos garanticen el acceso a Internet de la forma más amplia y rápida posible y se abstengan de bloquearlo, ya que no se justifica en estos momentos sus restricciones por “motivos de orden público o seguridad nacional”. En el contexto de la epidemia, es aún más importante el trabajo de las y los periodistas en el mundo, ya que debe dar información crítica al público y monitorear las acciones del gobierno, por lo que su labor se debe proteger con “esfuerzos excepcionales”.
Para los firmantes, existen grandes preocupaciones por la desinformación en este contexto, por lo que consideran que las empresas de Internet y los gobiernos deben proporcionar información fiable, sin tratar de reducir contenidos y censurar, ya que estas acciones podrían limitar el acceso a información importante para la salud pública.
Finalmente, los relatores señalan que, a pesar del gran potencial de las tecnologías de vigilancia para evitar la propagación del coronavirus, el uso de estas herramientas debe ser limitado tanto en propósito como en tiempo, y solo debe hacerse en el marco de legislaciones que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.
Imagen de DonSpencer1 (CC BY-SA 4.0)
