Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República votarán este martes 24 de marzo, un problemático dictamen que, entre otras medidas, contempla que las plataformas de vídeo en línea tengan la obligación de ofrecer treinta por ciento (30%) de su catálogo con contenidos de producción nacional.

Las reformas propuestas señalan que su objetivo es fomentar la producción audiovisual nacional, la cual es una finalidad legítima y loable. Sin embargo, varias deficiencias en el dictamen ponen en riesgo que se consiga dicho objetivo y, por el contrario, amenazan la diversidad y pluralidad de contenidos audiovisuales que Internet hace posible.

En primer lugar, el dictamen define de manera deficiente a los sujetos que intenta regular, considerando como “servicio de TV y audio restringido” a cualquier plataforma de audio y vídeo en línea que requiera suscripción mediante contrato y reciba un pago periódico.

Bajo esta figura, miles de servicios en línea –no solo plataformas dominantes como Netflix o similares– estarían obligados por igual a cumplir con requisitos como solicitar autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ofrecer sus servicios en Internet; incluso tendrían obligaciones absurdas como la de must carry, es decir, la retransmisión de las señales de televisión abierta desde sus plataformas.

Uno de los puntos centrales del dictamen es la obligación de que treinta por ciento (30%) del catálogo de la plataforma esté conformado por contenidos nacionales. Contrario a la posible intención de estimular la producción audiovisual en el país, la medida podría implicar una drástica reducción del catálogo internacional para cumplir con el porcentaje relativo; la imposición de bloqueos geográficos a México por parte de otras plataformas sin posibilidad de cumplir; y la reducción de competencia, pluralidad y diversidad de contenidos audiovisuales en Internet.

Existen otras medidas para promover y estimular la producción audiovisual nacional, tales como exigir que plataformas dominantes como Netflix contribuyan financieramente con dicho fin, sin necesidad de imponer obligaciones que amenacen a la diversidad de opciones en el acceso a bienes culturales de las y los usuarios en México.

El dictamen fue previamente aprobado por las mismas comisiones, sin discusión de por medio, el 18 de marzo, pero fue regresado por el pleno, por lo que se votará por segunda ocasión este martes 24.

Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, hemos hecho un llamado desde el primer momento a las y los integrantes de las comisiones para no aprobar el dictamen y abrir un proceso de parlamento abierto que permita explorar alternativas para fortalecer la producción audiovisual mexicana sin poner en riesgo la pluralidad y diversidad de contenidos en Internet.


Imagen de Funimation