El gobierno de Estados Unidos considera irrelevantes las motivaciones de un alertador (whistleblower) a la hora de dar a conocer información clasificada, ya que la administración Trump considera que se comete un crimen aún si la persona tenía buenas intenciones y estaba motivada por un interés público mayor, informó en su sitio la Federación de Científicos Americanos.
La postura fue externada en una moción previa al juicio en contra de Daniel Everette Hale, un exanalista de la Agencias de Seguridad Nacional (NSA) y excontratista de la Agencia de Inteligencia Geoespacial (NGA) quien filtró información sobre el programa militar de drones de Estados Unidos al medio The Intercept.
“Las evidencias de las posturas del acusado sobre los procedimientos militares y de inteligencia podrían distraer innecesariamente al jurado de la pregunta sobre si retuvo y transmitió ilegalmente documentos clasificados y, en lugar, convertir el juicio en una indagatoria sobre los procedimientos del Ejército y la inteligencia de EEUU”, considera el gobierno de EE.UU.
“El acusado podría desear que su juicio criminal se convierta en un foro sobre algo distinto a su culpabilidad, pero esos debates no informan ni pueden informar sobre las preguntas centrales del caso: si el acusado retuvo y transfirió ilegalmente los documentos que robó”, indica la moción.
La defensa de Hale, en cambio, argumentó esta semana que el caso en su contra debería ser descartado debido a que la Ley de Espionaje está violando libertades establecidas en la Primera Enmienda, que establece la libertad de expresión en EEUU.
Las personas alertadoras (whistleblowers) como Hale se encuentran vulnerables ante la persecución de los gobiernos. En el caso de México, a pesar de la existencia de plataformas para alertar, no existe todavía un marco jurídico sólido que proteja a las personas que revelen información clasificada que sea de interés público.
Imagen de thierry ehrmann (CC BY 2.0)
