La organización civil Transparencia Internacional hizo un llamado a las autoridades civiles de Chile, el lunes 19 de agosto, para que investiguen un acto de espionaje por parte del ejército en contra del periodista Mauricio Weibel Barahona, ocurrido en 2016 cuando trabajaba para el semanario The Clinic.

Weibel denunció hace tres años haber sido perseguido durante su investigación acerca de hechos de corrupción al interior de las fuerzas armadas. De acuerdo con reportes periodísticos, el espionaje se realizó desde la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) y consistía en seguir a Weibel e intervenir sus comunicaciones.

El periodista fue invitado a exponer su caso el martes 13 de agosto ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Por su parte, el ejército defendió las intervenciones, afirmando que se encuentran en el marco de la ley.

Así mismo, en junio de 2019, las oficinas de The Clinic y de Chile Transparente (capítulo local de Transparencia Internacional, ubicado en el mismo edificio) fueron allanadas por desconocidos. El semanario reportó el robo de 15 computadoras, además de material sensible relacionado con su trabajo de investigación; mientras que la organización aclaró que la información de las personas que usan su plataforma de denuncia se encuentra cifrada y no fue comprometida en el robo.

“Espiar a periodistas es un enorme abuso de poder que no puede ser tolerado en una sociedad democrática”, aseguró Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

Por su parte, Steve Francis, director de la iniciativa Transparencia Internacional Defensa y Seguridad, expresó que “la supervisión civil y los controles institucionales y contrapesos a la autoridad militar son esenciales para asegurar que los recursos a disposición de las fuerzas armadas no sean abusadas para objetivos corruptos y privados, especialmente cuando pasan a expensas de los derechos humanos y las libertades civiles”.

El uso de herramientas de vigilancia en contra de periodistas y sociedad civil en América Latina es un hecho común, en el que no existe rendición de cuentas ni transparencia, tal como evidenció Amnistía Internacional en un reporte publicado en 2018. Ese mismo año, un grupo de organizaciones de la sociedad civil entregó sus recomendaciones a los Estados americanos para incrementar los controles democráticos en sus actividades de vigilancia.


Imagen de Marcelo González (CC BY-SA 2.0)