La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por las víctimas del malware Pegasus por considerarse importantes para el desarrollo de la investigación conocida como #GobiernoEspía, ordenó un Juez Federal al resolver la impugnación 19/2008 presentada por las mismas víctimas.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, señaló en la resolución que la línea de investigación debe centrarse en la adquisición y posterior uso ilegal por la Agencia de Investigación Criminal, de la misma PGR, del malware Pegasus.
Además, el Juez reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de “conducirse con debida diligencia” sin trasladar la carga de la prueba a las víctimas, informaron en un comunicado las organizaciones y víctimas denunciantes del caso #GobiernoEspía, entre las que se encuentra R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Los denunciantes han señalado anteriormente que existe una falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que es necesaria la intervención de un panel independiente y autónomo de expertas y expertos que brinde asistencia técnica internacional.
Esta resolución es importante ya que en el transcurso de la investigación la PGR solo ha desahogado cerca de nueve pruebas de las 70 presentadas por la defensa y se ha negado expresamente a 49.
Por orden del Juez, la PGR deberá pedir y recabar información de instancias gubernamentales relacionadas con la contratación del sistema y quiénes intervinieron. Las víctimas podrán tener acceso a esta información, contrario a la petición de la PGR para mantenerla bajo reserva. Esta decisión muestra que el Poder Judicial puede ser un contrapeso ante una PGR que no actúa con la debida diligencia.
Los denunciantes reiteraron la exigencia de que se incorpore un panel internacional e independiente de expertos y expertas y pidieron a los candidatos a la presidencia de la república para que se pronuncien sobre la necesidad de una investigación adecuada que castigue a los responsables del espionaje.
