El gobierno de Donald Trump ha acusado formalmente a la primera whistleblower en su administración: Reality Leigh Winner, una joven de 25 años, contratista del gobierno estadounidense.
Oficialmente, sus cargos fueron anunciados una hora después de que el medio The Intercept diera a conocer un reporte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en el que se detalla que Rusia realizó dos ataques informáticos contra oficiales electorales y una empresa que vende software para registro de electores.
“Liberar material clasificado sin autorización amenaza la seguridad de nuestra nación y socava la confianza del público en el gobierno. La gente que ha sido confiada con información clasificada y jura protegerla debe hacerse responsable cuando violan esa obligación”, aseguró el fiscal Rod J. Rosenstein sobre el caso, de acuerdo con The Washington Post.
La postura del gobierno de Trump no es nueva. Apenas en febrero pasado, en medio del escándalo producido por la revelación de conversaciones entre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y Rusia, el mismo presidente aseguró que castigaría severamente a los whistleblowers.
“Vamos a encontrar a los filtradores y ellos van a pagar un precio muy alto”, declaró Trump a un grupo de reporteros durante una reunión con legisladores republicanos, cita el medio The Hill.
Contrario a lo que afirma Donald Trump, los whistleblowers no conducen actos criminales y son esenciales para la vida y desarrollo democráticos de cualquier país del mundo, ya que estos pueden revelar información vital para descubrir crímenes y violaciones a derechos humanos.
Organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del derecho internacional, promueven protecciones legales a los whistleblowers.
