El estado de California en los Estados Unidos ha aprobado una propuesta de ley que haría de todo material creado a nivel estatal y local elegible para ser sujeto a derechos de propiedad intelectual.
Por lo que todos los mapas, videos, reportes y otros documentos creados por los gobiernos locales y estatal podrían ser incluídos en marcas, patentes, secretos de comercio y derecho de autor. Este representa un giro completo a la legislación actual que se asegura de que los materiales hechos con dinero de los contribuyentes sean de libre acceso.
La propuesta (AB 2880) le permitiría a estos gobiernos emitir notificaciones a YouTube con base en la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) para que se retiraran videos de los políticos durante discursos o discusiones, simplemente porque se les critica o no les gusta, alerta Electronic Frontier Foundation, en un posicionamiento respecto a la nueva propuesta.
Además, AB 2880 crea multas de entre 30 mil y 150 mil dólares por violaciones a la propiedad intelectual. Por lo que subir a Internet, copiar o incluso leer en voz alta un documento que haya sido creado por cualquiera de estos gobiernos podría ser sujeto a una demanda.
Esto sucede porque la propuesta no define correctamente qué sí puede ser registrado bajo derecho de autor y qué no, por lo que sería muy fácil clamar que un trabajo está protegido bajo derecho de autor.
Un ejemplo del enfoque nocivo de esta ley se puede encontrar en el mismo estado. El año pasado el ayuntamiento de Inglewood, California, demandó a un ciudadano estadounidense (caso Teixeira) por utilizar extractos de los videos de las reuniones del ayuntamiento en videos que utilizó para criticar al alcalde de la ciudad, James Butts.
El ayuntamiento argumentó que las ediciones de Teixeira despreciaban el valor de las grabaciones hechas por la ciudad, aunque, asegura EFF, se trataba claramente de una forma de callar a un opositor molesto para el ayuntamiento.
El juicio contra Teixeira costó 110 mil dólares a la ciudad de Inglewood y al final lo perdió porque la ley reconoce como un uso justificado de los extractos el hacer ejercicio de la crítica.
La propuesta también tendría otras ramificaciones, a pesar de que no afectaría directamente al ejercicio de las peticiones de transparencia e información pública en el estado, sí podría afectar la distribución de materiales incómodos que hayan sido obtenidos a través de este mecanismo.
Mientras el enfoque a nivel federal mantiene a todos sus documentos y creaciones como libres de derechos de autor, este enfoque limita la creatividad y busca ejercer un monopolio de parte del gobierno, quien ya obtiene recursos a través de los impuestos.
Pero este enfoque es especialmente conflictivo, argumenta EFF, debido a que el material creado de forma estatal está hecho con dinero de impuesto y, por consecuencia. debería ser público.
