El 21 de agosto, Twitter tomó la decisión de cerrarle el acceso a su API a Politwoops, un servicio web de Open State Foundation que se dedicaba a guardar los tuits borrados de cuentas de políticos, diplomáticos y gobernantes en diferentes países del mundo. La cuenta tenía presencia en más de 30 países como Argentina, Australia, Canadá, Chile, Egipto, Francia, Grecia, España, Túnez, Turquía, entre otros.
A propósito, la revista Fortune calificó que Twitter “creó su propio derecho al olvido” al tomar esta decisión. La cuenta de Politwoops ya había sido bloqueada en Estados Unidos durante el mes de junio, pero con este cierre del acceso a la API, Twitter inhabilitó el resto de las cuentas en otros países. El sitio web seguirá funcionando y permitirá que los usuarios coloquen capturas de pantalla de los tuits borrados.
La justificación de Twitter para cancelar el acceso a su API es que tuitear no debe ser algo irrevocable, sino que borrar un tuit es una expresión misma del usuario. Sin embargo, tal como señala Arjan El Fassed, el director de la Open State Foundation, lo que los políticos expresan públicamente es de interés público. “Estos tweets fueron publicados y luego borrados. Lo que los políticos digan en público debería estar disponible para cualquiera”, indicó El Fassed.
Al respecto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales– suscribimos una carta abierta a Twitter para exigir que restaure el acceso de Politwoops. Al respecto, Luis Fernando García, director de R3D, expresó que:
“Es legítimo que una persona decida reflejar un cambio de opinión a través de la eliminación de un tuit, sin embargo, no es legítimo que Twitter obligue al mundo entero a olvidarlo, discutirlo o hacer referencia a él, sobre todo cuando se trata de tuits emitidos por figuras públicas. Con esta decisión, Twitter no sólo decide sustituir nuestra capacidad de discernir entre las posiciones públicas pasadas y actuales de una persona, sino que afecta de manera grave nuestra posibilidad como sociedad de conocer, preservar y discutir el historial público de los funcionarios.”
Por su parte, el abogado y activista argentino Leandro Ucciferri criticó la hipocresía de la red social al señalar que “los ciudadanos tenemos derecho a saber qué dijo un político en un determinado momento, y en caso de que este quiera rectificarse por sus dichos, debería también hacerlo públicamente, no esconderse cobardemente tras el botón eliminar.”
La decisión de Twitter fue tomada de forma arbitraria y con un diálogo mínimo con los responsables de Politwoops. De mantenerse la decisión, se lastimarían que forma grave el derecho a la libertad de expresión y de información, así como dañar los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas por parte de periodistas y sociedad civil en todo el mundo.
