Defensores de derechos humanos de Israel interpusieron una demanda para que el Ministerio de Defensa de Israel detenga las exportaciones de spyware de la empresa Cellebrite a Hong Kong, informó el MIT Technology Review.

Esta tecnología, presumen sus desarrolladores, es capaz de “desbloquear dispositivos con facilidad” al encontrar vulnerabilidades en teléfonos inteligentes y explotarlas, y funciona en la mayoría de teléfonos iPhone y Android. En Hong Kong, ha sido utilizado contra opositores y activistas que luchan contra las reformas que dan mayor control de la ciudad al gobierno central de China,

Según activistas de Hong Kong, el spyware de la compañía israelí está siendo utilizado para violar los derechos humanos y libertades de miles de personas, aprovechando la recientemente aprobada ley de seguridad que incrementó el control del gobierno central sobre la ciudad y que define al movimiento prodemocracia como “terrorista”.

“Los oficiales del Ministerio de Defensa deben detener inmediatamente las exportaciones del sistema Cellebrite que está siendo utilizado para violar la privacidad, la libertad, la libertad de expresión e incriminar políticamente a los ciudadanos de Hong Kong bajo la nueva Ley Nacional de Seguridad”, escribó el activista local Joshua Wong.

De acuerdo con Eitay Mack, quien interpuso el recurso legal, Cellebrite no tiene siquiera una licencia de exportación de este tipo de tecnología, un requisito legal para poder vender este tipo de productos fuera de su país de origen.

Los defensores consideran que las exportaciones debieron haberse detenido en 2019, cuando la represión contra el movimiento prodemocrático se incrementó gravemente. Sin embargo, para Mack es evidente que las regulaciones del gobierno israelí no están sirviendo, por lo que se generan grandes dudas sobre qué tipo de mecanismos de rendición de cuentas existen actualmente sobre las ventas de Cellebrite.

En junio de 2019, el entonces relator especial sobre la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, hizo un llamado para que se imponga una moratoria inmediata al “otorgamiento de licencias de exportación de tecnologías de vigilancia, hasta que haya evidencia convincente de que el uso de esas tecnología puede ser técnicamente restringido a propósitos lícitos que sean consistentes con estándares de derechos humanos”.

Imagen de Studio Incendo (CC BY 2.0)