La industria de la vigilancia ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para introducir productos y servicios invasivos a la privacidad. Así como hay empresas que quieren ampliar las capacidades del reconocimiento facial, hay otras que están promoviendo el uso de dispositivos para monitorear que las personas mantengan su distancia en espacios cerrados.
De acuerdo con The Intercept, empresas como AiRISTA Flow y Redpoint ofrecen rastreadores para alertar a las personas que no estén respetando una “sana distancia” en una fábrica u oficina. Los dispositivos también prometen enviar datos a los empleadores sobre sus trabajadores, incluyendo con quién han interactuado o cuántas veces han fallado en respetar el distanciamiento.
Otra empresa, SuperCom, está llevando la oferta un poco más lejos al ofrecer sistemas de rastreo –utilizados comúnmente en personas privadas de la libertad– para el monitoreo de cuarentenas a individuos que se sospechen tienen la enfermedad “dentro de edificios, vehículos y el exterior”. En un comunicado publicado por la misma empresa, se asegura que ha visto un aumento en el interés de gobiernos que “buscan restringir la propagación del COVID-19 entre la población general”.
Este tipo de medidas son poco razonables y desproporcionadas. El abogado Leonard Rubenstein, de la Escuela John Hopkins de Salud Pública, explicó a The Intercept que el uso de tecnologías altamente invasivas limita el ejercicio de los derechos humanos y debe ser exhaustivamente evaluado.
Al parecer, la industria de la vigilancia está apostando por normalizar el uso de este tipo de dispositivos a raíz de la crisis sanitaria global. Jennifer Granick, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advierte que la adopción de métodos de ámbitos carcelarios hacia la salud pública podría ayudar a normalizar este tipo de tecnologías, en detrimento de la sociedad.
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