A raíz de la presentación de la plataforma Alertadores contra la corrupción, promovida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), un grupo de organizaciones emitimos un posicionamiento. Aunque creemos que la creación de esta plataforma es un paso en la dirección correcta, desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, consideramos que la propuesta es insuficiente si carece de un soporte jurídico que proteja a las personas alertadoras (whistleblowers, en inglés).
La legislación actual no reconoce la figura del alertador, por lo que las personas (sean ciudadanas o servidores públicos) son susceptibles de ser sancionadas por revelar información de interés público, aún sí se trata de actos de corrupción, violaciones a derechos humanos u otras irregularidades cometidas por gobiernos o empresas. Sin esta protección legal, las personas alertadoras quedan desamparadas y desprotegidas, además de que la posibilidad de afrontar estas consecuencias puede inhibir la denuncia.
Por tanto, consideramos que el gobierno actual debe iniciar un proceso colaborativo y participativo de incidencia y co-creación de leyes y políticas públicas, plural y abierto, para que la ciudadanía puede emitir sus recomendaciones y observaciones para la creación de una Ley Nacional de Alertadores.
Una ley de esta naturaleza, además, debe ser homologada con el marco normativo actual, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Federal del Trabajo; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, para poder construir una reglamentación adecuada para la salvaguarda de las personas alertadoras. También deben generarse canales seguros de reporte en el sector público y privado, así como reconocer otros canales creados y administrados por la sociedad civil.
Reconocemos la apertura de la SFP con las organizaciones de la sociedad civil para entablar un diálogo en la construcción de la plataforma, sin embargo, consideramos imperativo que se dé inicio a un proceso que culmine en una propuesta de ley capaz de dar certeza jurídica y brindar la protección indispensable para las personas alertadoras. Sin dicha ley, la plataforma es un esfuerzo aislado, reducido a una buena intención para la promoción de la cultura de la denuncia y la transparencia.
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