La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la mañana del jueves 30 de noviembre el dictamen del proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. Dicho proyecto, cuyo contenido ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y defensores de derechos humanos, busca ser aprobado en fast track antes de que termine el periodo legislativo ordinario, el 15 de diciembre de este año.
Además de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública y otorgarles atribuciones que solo deberían corresponder únicamente a las instituciones civiles, la redacción actual de la Ley de Seguridad Interior también proporciona facultades al Ejército y la Marina para “desarrollar actividades de inteligencia”, incluyendo la “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información” (Capítulo I, Artículo 4, fracción VII) a través de “cualquier método lícito de recolección de información” (Capítulo IV, Artículo 30).
La vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas.
De esta manera, la redacción actual de la Ley de Seguridad Interior establece una facultades ambiguas que representan un serio riesgo de abuso, una situación que no resultaría extraña en el contexto actual de vigilancia sistemática del Estado mexicano y el historial de abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
En R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales nos sumamos a las organizaciones de la sociedad civil, organismos de protección de derechos humanos y organismos internacionales que han manifestado su rechazo a la Ley de Seguridad Interior y hacemos un llamado a toda la sociedad a movilizarse para detener este ataque a nuestros derechos dentro y fuera de Internet, a nuestras aspiraciones democráticas y a cualquier posibilidad de conseguir paz y justicia en México.
