La inclusión de software en diversos aparatos y máquinas ha permitido adaptarlas a las necesidades laborales de las sociedades contemporáneas o agregarles características que facilitan o hacen más interesante su uso: desde autos y celulares, hasta maquinaria pesada.
Esta característica tecnológica está creando también conflictos. Este software que acompaña a los dispositivos o aparatos está sujeto a las leyes de derecho de autor, lo que significa que en la mayoría de las ocasiones la persona será propietaria de la parte física del producto que compró, pero solo tendrá una licencia de uso para el programa que utiliza.
Conocido como Contrato de Licencia de Usuario Final, nos permite usar el producto en los términos en que la empresa quiere, pero en general limitará la forma en que interactuamos con el dispositivo y el software.
Por lo que modificar, mejorar, manipular y, también, reparar el dispositivo, en lugares que no están explícitamente autorizados, está prohibido.
Actualmente muchos dispositivos contienen candados digitales, conocidos como Gestión de Derechos Digitales, pero llamados Gestión de Restricciones Digitales (DRM), que evitan que se copien porciones o la integridad de un software o medio digital.
“Con el hardware, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Hay muy pocas reglas que apliquen. Lo compras, es tuyo, puedes deshacerlo y está bien. Se vuelve complicado con el hardware actual, porque está combinado con el firmware, el software incrustado”, explicó a Ars Technica, en una entrevista en 2009, Jennifer Granick, actualmente directora de Libertades Civiles del Centro Stanford para Internet
La asociación entre hardware y software se vuelve restrictiva, ya que normalmente no se puede alterar una sin la otra y evitar los candados digitales constituye un delito bajo la DMCA.
Una consola de videojuegos, por ejemplo, es una computadora cuyos aspectos técnicos están enfocados en dar un buen rendimiento para jugar, pero que puede ser alterada para: leer otros tipos de formatos multimedia; correr un sistema operativo distinto o tener un mejor rendimiento (overclocking).
Pero aquella persona que quisiera sacarle mayor provecho a su consola estaría condicionada y sería susceptible ante una acción legal, aunque sus modificaciones no estén directamente relacionadas con ninguna actividad ilegal.
Estas prácticas son altamente favorables para la industria y ponen a los usuarios en una situación desventajosa, quienes a pesar de haber hecho una inversión no son en realidad dueños del producto: o ¿alguien compraría un carro de saber que no puede cambiar las llantas?
Para combatirlas, organizaciones civiles y otras agrupaciones han creado conceptos como el “Derecho a reparar” o incluso el Día Mundial contra el DRM, que se celebra el 3 de mayo desde 2006.
El derecho a reparar permite que cualquier persona modifique o repare a su conveniencia algún producto en su posesión, conocer los manuales y herramientas de diagnóstico que se utilizan para los dispositivos y desbloquear el software que los acompaña, de acuerdo con iFixit, una organización encargada de promover este derecho.
La clase de legislación y disposiciones que han contribuido a este panorama han sido reforzadas y se encuentran contenidas en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
El TPP refleja los peores aspectos de la DMCA y los implementará en países en los que no existen mecanismos para contrarrestarlos. Éste promueve la expansión de los derechos de autor incluyendo los candados digitales a la tecnología y las penas criminales por su manipulación o uso con propósitos personales.
El Acuerdo se encuentra aún en el Senado mexicano, a la espera de ser ratificado, pero los legisladores tendrán que considerar estos y otros aspectos que vulneran los derechos digitales de millones de personas.
Imagen original de Thomas Weidenhaupt: repairs
