• La reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor establece medidas de censura previa, contrarias a la Constitución mexicana y a tratados internacionales.

• La reforma también viola el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, además de facilitar la censura en Internet.

• Mientras el PRI presume en su publicidad que promueve un Internet libre y abierto, en la realidad, la medida atenta contra las libertades en línea.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional están promoviendo una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) que concibe a Internet como una amenaza para los derechos de autor y, con ese pretexto, establece medidas de censura previa.

En concreto, se pretende reformar el artículo 231 Bis para permitir que jueces locales y federales puedan ordenar medidas precautorias como “la suspensión de la representación, comunicación o ejecución” o “el aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos en la representación, comunicación o ejecución”.

Estas medidas son claramente contrarias a la prohibición constitucional de censura previa, la cual impide que cualquier autoridad, incluso la judicial, a adoptar medidas que “excluyan un mensaje del conocimiento público”, según la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, prohíben la censura previa y solamente permiten restricciones a la libertad de expresión a través de la imposición de responsabilidades ulteriores.

La reforma, que sería votada el día de hoy (jueves 21 de abril), pretende de manera cautelar censurar expresiones sin que se haya demostrado en juicio que fueron hechas violando el derecho de autor o si, por el contrario, la representación, comunicación o ejecución se llevó a cabo dentro de las excepciones y limitaciones reconocidos por la propia ley.

Lo anterior, además de violar el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, podría facilitar la censura de información en Internet. Cabe recordar que el presidente Enrique Peña Nieto ya ha intentado, en varias ocasiones, alegar la violación de derechos de autor para intentar remover información de Internet, como cuando intentó censurar un vídeo de YouTube en el que señaló que las ciudades de León y Lagos de Moreno eran estados.

Así mismo, esta reforma pretende autorizar la incautación cautelar de instrumentos, materiales o equipos, contraviniendo de manera directa el artículo séptimo de la Constitución mexicana, que claramente señala que “no podrá secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas.”

Mientras que la publicidad del Partido Revolucionario Institucional alega creer en los principios de un Internet libre y abierto, en la realidad, este es un nuevo intento de dicho partido por censurar la libertad de expresión en Internet a través del derecho de autor, algo que ya ha intentado en 2013 y 2015 con la #LeyBeltrones.

Las medidas de censura previa, así como la incautación cautelar, son contrarias a los derechos humanos y representan un retroceso democrático para la libertad de expresión y el acceso a la información. De ser aprobada, esta reforma permitiría el abuso por parte de las autoridades para utilizar el derecho de autor como una herramienta para remover información de Internet, vulnerando los derechos de las personas y afectando gravemente la información de interés público en línea.