Un borrador de iniciativa que podría ser presentada próximamente ante el Senado de los Estados Unidos que busca obligar a las compañías a crear “puertas traseras” al cifrado ha recibido un profundo rechazo de organizaciones civiles y de políticos locales.
La iniciativa de los senadores Richard Burr y Dianne Feinstein, llamada “Ley de Cumplimiento con Órdenes de Corte”, tiene como principal objetivo evitar la implementación de métodos de cifrado comerciales en los que las compañías no tengan acceso, o posibilidad, de acceder a la información de sus clientes.
Además, el documento se oculta tras una falsa idea de respeto a la privacidad, mientras busca aplicar un recurso similar que el FBI utilizó en el caso contra Apple por el teléfono del supuesto terrorista Zyed Farook, que terminó inconcluso.
“Todos los proveedores de servicios de comunicación y productos (incluyendo software) deben proteger la privacidad de las personas de los Estados Unidos a través de la apropiada implementación de medidas de seguridad para la información, pero respetando el imperio de la ley y cumpliendo con todos los mandatos legales y órdenes de las cortes”, se escribe en la iniciativa, cita el medio especializado en tecnología y telecomunicaciones The Intercept.
La preocupación sobre esta iniciativa es que eleva la petición hecha por el FBI a través de la All Writs Act, en la que se pide que una empresa ayude por todos los medios razonables a cumplir una orden judicial, a una obligación de ayudar mientras sea necesario para cumplir las órdenes.
El proyecto de ley también obligaría las compañías de teléfonos celulares a hacerse responsables de cualquier aplicación de terceros que provea servicios de cifrado.
Para el director del Open Technology Institute, Kevin Bankston, esto convierte a ley en censura.
“No solo esta iniciativa afecta nuestra seguridad, es también una propuesta de censura masiva para Internet al demandar que plataformas en línea, como App Store de Apple y Play Store de Google, sean una policía para detener la distribución de aplicaciones seguras”, explicó a The Intercept.
Un grupo de más de 30 activistas, académicos y grupos de defensa de los derechos humanos mandaron una carta a la Casa Blanca pidiendo que el gobierno de Barack Obama se oponga a la iniciativa.
Los opositores a la iniciativa explican en la carta, citada por el medio The Hill, que la seguridad debilitada afectaría al comercio en línea y pondría en peligro a periodistas, activistas y disidentes en países con regímenes opresivos que dependen en el cifrado.
Aún se desconoce la posición de la Casa Blanca, que negó un supuesto posicionamiento en contra de la ley. De acuerdo con el medio, Barack Obama será informado de la última versión de la iniciativa en esta semana.
