R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales participa de la Alianza de Derechos Humanos de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La alianza es una coalición global de organizaciones de la sociedad civil, personas investigadoras y defensoras de derechos humanos que trabajan para que la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) sea implementada o tomada como referencia regulatoria de forma respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos, de manera que sea compatible con los distintos contextos locales y regionales.
La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (LSDUE) es una regulación sobre la gobernanza y responsabilidad de las plataformas de servicios digitales, cuya relevancia ha generado el así llamado “Efecto Bruselas”, lo que implica una potencial influencia extraterritorial que puede impactar los procesos regulatorios que se tienen en distintos lugares del mundo (similar a como sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, GDPR por sus siglas en inglés).
La posibilidad de informar procesos regulatorios por fuera de la UE en distintos temas, tal como los relacionados con la diligencia debida de las plataformas digitales, la responsabilidad por contenidos generados por terceros, el acceso a datos personales o la moderación de contenidos, vuelve indispensable contar con un marco interpretativo que permita a los agentes reguladores locales tener elementos para que dichos procesos (y las eventuales decisiones que deriven de ellos) respeten los marcos regionales y locales de derechos humanos.
Distintas disposiciones de la LSDUE protegen derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos personales y la posición de vulnerabilidad de distintos grupos frente a la violencia digital, y pueden servir como herramientas para desarrollar estándares gubernamentales garantes de estos. Sin embargo, la ambigüedad de otras disposiciones pueden llevar a un uso politizado o abusivo de las mismas de modo que reviertan los derechos que la propia Ley de Servicios Digitales busca proteger. Por ello, intentar importar sus disposiciones sin considerar los contextos regulatorios locales, los marcos regionales de derechos y las consideraciones del estado de derecho en cada país puede ser perjudicial para las libertades en el entorno digital.
Por ello, la Alianza de Derechos Humanos de la LSDUE ha desarrollado este documento para guiar a agentes regulatorios, personas investigadoras, organizaciones internacionales, sociedad civil y público en general, con un enfoque basado en los derechos humanos que permita utilizar este instrumento para establecer marcos regulatorios de plataformas digitales sensibles a los contextos y a los derechos en cuestión. La Alianza cuenta con un amplio rango de voces y perspectivas expertas en la materia que han trabajado y dado seguimiento a la implementación de esta regulación y han advertido de los riesgos de importarla sin matices a contextos fuera de la UE.
Los Principios de Derechos Humanos Para la Aplicación de la Ley de Servicios Digitales: Una Perspectiva Global son un esfuerzo por desarrollar marcos regulatorios que limiten el poder de las empresas de tecnología para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, de manera que se puedan reducir los riesgos societales en el entorno digital y posicionar el interés general desde una perspectiva democrática. Estos Principios promueven el involucramiento significativo de múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet, asegurándose de que las OSC puedan proveer su experiencia y ejercer su rol como vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
