Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció una inversión histórica de 600 millones de pesos para incrementar la vigilancia en el estado a través de mil cámaras de videovigilancia, arcos lectores con reconocimiento facial, una base de datos criminal interestatal e incluso un helicóptero para sobrevolar la zona que viene directo de Estados Unidos, informó El Universal.
“Vamos a pedir una base de datos de los delincuentes que operan en Guanajuato para tenerlos registrados en nuestros arcos carreteros. Así, si entra o sale un delincuente, San Luis lo va a detectar”. Esto fue lo que declaró Gallardo Corona mostrando que este tipo de vigilancia no se limitará a los municipios de San Luis Potosí, sino que las acciones forman parte de una estrategia mayor para “asegurar las fronteras del estado”, especialmente con entidades vecinas que presentan altos índices delictivos.
La tendencia de incrementar la video vigilancia para extender una falsa sensación de seguridad entre la ciudadanía es cada vez mayor, recientemente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Carla Brugada, también anunció el incremento de cámaras de vigilancia en el espacio público, declarando que quería hacer de la CDMX una de las urbes más videovigiladas de América.
Sin embargo, la evidencia contradice que las cámaras disuaden la comisión de delitos. Por ejemplo, Iztapalapa, –donde había 2,293 cámaras en 2020– fue el municipio con más secuestros en el país entre octubre de 2019 y octubre de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sobre los arcos de reconocimiento facial, que se menciona serán inteligentes y estarán instalados en las principales vías de acceso, identificarán en tiempo real rostros y matrículas. Con esto argumentan que lo que intentan es identificar las matrículas vinculadas a actividades delictivas, pero en otros lados del mundo se ha documentado cómo estos sistemas revelan mucha más información de la ciudadanía de la que reportan, filtrando datos que podrían ser sensibles para muchas personas.
La estrategia, que el gobernador incluso ha llamado un “Big Brother potosino”, prende las alertas de las personas defensoras de la privacidad, ya que bajo el argumento de “mayor seguridad” se expone a la ciudadanía a una hipervigilancia que puede desembocar en un menor ejercicio de la libertad de expresión o la toma de espacios públicos.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
